Redacción. En un contexto de creciente hostigamiento contra la prensa en Honduras, el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, alzó la voz para defender el derecho a disentir y la libertad de expresión, pilares esenciales de la vida democrática.
“Disentir es un derecho fundamental sobre el que se asienta la democracia; de ahí, que su salud institucional se mida por el respeto a la libertad de expresión. Reprimirla es un atentado contra derechos fundamentales y contra la democracia”, escribió Orellana en su cuenta oficial en X, antes Twitter.
Las declaraciones del también ex fiscal general llegan en un momento especialmente sensible para el gremio periodístico hondureño, luego de que nueve periodistas fueran blanco de una campaña de estigmatización que encendió las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y prensa libre.
La madrugada del 31 de julio, pancartas con las fotografías y nombres de los comunicadores aparecieron colgadas en distintos puntos de Tegucigalpa. Bajo el título “Sicarios de la verdad”, los mensajes acusaban sin pruebas a los periodistas de promover “campañas de desinformación” y de oponerse a la realización de elecciones.
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Señalamientos sin sustento y riesgo real
Las imágenes, consideradas por defensores de derechos humanos como una incitación a la violencia, provocaron indignación. La Red Centroamericana de Periodistas emitió un comunicado en el que expresó su “enérgico repudio” ante lo que calificó como una campaña de amenazas y estigmatización directa contra la prensa crítica en el país.
“La situación es alarmante, especialmente en un país como Honduras, donde los crímenes contra periodistas son recurrentes y con altos niveles de impunidad”, alertó. Asimismo, indicó que tres de los periodistas atacados son mujeres y que varios de ellos han denunciado haber recibido amenazas posteriores.
Diversas voces han apuntado que algunos de estos ataques provienen de medios oficiales vinculados a las Fuerzas Armadas. Esto agudiza las preocupaciones sobre el uso de plataformas estatales para promover campañas contra la libertad de prensa.
Frente a este panorama, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han exigido al gobierno hondureño investigar con celeridad los hechos. Además, de brindar garantías de seguridad a los periodistas involucrados y cesar toda campaña de estigmatización desde estructuras oficiales.
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