TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ante la evidente sequía en el río Choluteca, el Ministerio Público (MP), a través de una inspección, logró detectar el represamiento de dicho afluente.
Así lo dio a conocer Máximo Hernández, de la fuerza de tarea ambiental del MP, al tiempo que informó que procederán a solicitar una medida neutralizadora para que el río Choluteca “fluya aguas abajo”.
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Delito penal
El experto en temas ambientales indicó que los responsables de desviar las aguas del río se aprovecharon de un permiso especial, cayendo así en un delito penal.
“Nosotros lograremos demostrar ante un tribunal competente que se ha cometido un delito es usurpación el derecho real, en este caso en perjuicio del medio ambiente, del estado de Honduras y población de Choluteca”, aseguró.
Por otro lado, el diputado Yuri Sabas, originario de ese departamento, cuestionó la abominable acción, al preguntarse quién autorizó las mismas.
“Las empresas agroindustriales hay que apoyarlas porque generan empleo, pero también hay que motivarlas a que hagan su propio reservorio”, recomendó.
No hay licencia vitalicia
Según lo expuso Carlos Pineda, viceministro de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), “no hay ninguna licencia vitalicia y las máximas son de hasta cinco años. Entonces, al otorgar la nueva licencia se regula o se cambia o se limita. Incluso se pueden negar como de hecho ya ocurrido, porque ya el agua sólo es para el consumo humano”, dijo.
OTRO CASO DE RÍOS: Requerimiento fiscal contra guatemalteco que derramó ácido en río Chamelecón
La semana pasada, se emitió requerimiento fiscal contra el conductor del camión que volcó y derramó ácido sulfónico al río Chamelecón.
De esa forma lo detalló Carlos Vallecillo, portavoz del Ministerio Público. “En las últimas horas la fiscalía local de La Entrada, Copán presentó requerimiento fiscal contra Jairo Rodríguez Hernández”, originario de Guatemala.
A él se le acusa por suponerlo responsable de los delitos de contaminación ambiental por transporte de sustancias tóxicas. También, por daño a la fauna hidrobiológica agravado en su grado de dolo eventual. Esto, en perjuicio del medio ambiente del Estado de Honduras.
