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viernes, marzo 29, 2024

Registro civil

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De nuevo se presenta el conflicto entre el registro civil, propiamente dicho, y la emisión de la tarjeta de identidad (TI) en el interior del Registro Nacional de las Personas (RNP), una dicotomía inventada por los partidos políticos tradicionales para fines puramente electorales.

El hecho de que, junto con la creación del organismo electoral (ahora Tribunal Supremo Electoral, TSE) como entidad permanente, se pusiera dicho registro civil bajo la jurisdicción de éste, aunque posteriormente se procediera a separarlo, dándole la debida autonomía al Registro Nacional de las Personas (RNP), marcó definitivamente de politización, mejor dicho la “sectarización”, de este organismo.

La razón por la que el RNP fuera intrínsecamente politizado, al grado de ser consecuente al control partidista, es porque una de sus atribuciones –aparte de sus principales inherentes al funcionamiento de la vida civil—es servir de base de datos para la elaboración del padrón electoral, o sea un aspecto estratégico del ventajismo comicial, por no decir del fraude eleccionario.

A partir de 1995, 20 años atrás, viene implementándose un proceso de tecnificación del registro civil, específicamente relacionado con la emisión de la TI, que ha costado cientos de millones de lempiras sin haberse logrado el prometido perfeccionamiento y actualmente en franca obsolescencia. El atrancado del proceso sigue siendo, invariablemente, la injerencia partidista.

En la presente administración volvió a plantearse la iniciativa para modernizar y actualizar el registro civil, mediante un nuevo diseño de la TI, a un costo estimado de 28 millones de dólares, de los que la Secretaría de Finanzas dice disponer 14 millones y la otra mitad se gestiona en la Unión Europea (UE), no sabemos bajo qué modalidades.

En el curso de este proceso, se interpone, en primer lugar, el interés de los partidos de revalidar la actual TI para viabilizar, dicen, las elecciones (primarias y generales) de 2017, que, de este manera, seguiría el mismo patrón de la últimas habidas a propósito para la instalación del régimen vigente, pero también hay  otras cuestiones de índole administrativa poco transparentes.

El director del RNP, Miguel Villela, se refiere a esas discrepancias administrativas, incluyendo la eventualidad del financiamiento en gestión, pero sobre todo en oposición a la idea de saltarse el requisito de la licitación del proyecto, de manera pública y abierta, en conformidad con la Ley de Contratación del Estado, para aplicar un procedimiento de “licitación abreviada”, para no decir compra directa.

Asimismo, y con juicio correcto, el director del RNP insiste en que, previamente a la emisión de la cédula, es indispensable la unificación y depuración de la base de datos del registro civil (nacimientos, defunciones, matrimonios, etcétera), evitando así la existencia de dos bases de datos: la del Registro Civil y la otra, denominada Base de Identificación, que es utilizada para la emisión de la TI y su uso en los actos electorales.

Este es, fácilmente se mira, otro desafío para la identificación nacional, con sus efectos directos sobre la seguridad nacional y el desarrollo democrático en la sociedad hondureña, ambas cuestiones de urgente consideración política y social.

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