NICARAGUA. -El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometió “crímenes de lesa humanidad” durante la represión a las protestas cívicas, señala el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
El GIEI a la par recomienda investigar al presidente Daniel Ortega. También a directores, subdirectores y jefes departamentales de la Policía Nacional; además de otros funcionarios, por su responsabilidad en los hechos de violencia.
Para evitar que el GIEI presentara ese informe en Nicaragua, el régimen de Ortega y Rosario Murillo, expulsó el miércoles pasado a los cuatro miembros.
Este Grupo se estableció en el país a través de un acuerdo firmado por el Gobierno nicaragüense; asimismo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“El Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad; particularmente, asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”, indica el document.
Competencia universal
El GIEI fue presentado este viernes en Washington, Estados Unidos.
Los expertos explican que “esto supone ciertas consecuencias, tales como la imprescriptibilidad; la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas; la posibilidad de que intervengan tribunales de otros Estados, en virtud del principio de competencia universal. Hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia”.
Pablo Parenti, miembro del GIEI, manifesto que los crímenes de lesa humanidad es la categoría más grave de delito en el ámbito internacional. Esta condición habilita a cualquier país del mundo a juzgar a los responsables de esos delitos.
Explicó que en las condiciones actuales no podría actuar la CPI. No obstante, podría darse que el Consejo de Seguridad de la ONU remita el caso a la Corte. La posibilidad está establecido en los estatutos de las Naciones Unidas. “Cuando el Consejo de Seguridad decide que una situación vaya a la Corte Penal Internacional, no importa si el país firmó o no el estatuto”.
Disparaban a matar
El GIEI analizó los hechos de violencia registrados entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasado. La brutal represión y el acoso a los opositores ocurridos después de esa fecha, no están incluidos en el texto.
La GIEI está conformado por cuatro expertos de Italia, Guatemala, Argentina y Perú.
En el período de análisis, el GIEI registró al menos 109 ciudadanos asesinados, más de 1400 heridos. Igualmente, más de 690 detenidos por participar en las protestas.
Hasta la fecha hay 325 muertos confirmados, más de tres mil heridos y decenas de desaparecidos. Además, más de 600 presos políticos y alrededor de 60 000 exiliados por la persecución política.
Disparos en cráneo, cuello y tórax
“De las 109 muertes analizadas por el GIEI, 95 de ellas se produjeron por disparos de armas de fuego. Los impactos fueron localizados todos en cráneo, cuello y tórax”, destaca el informe.
Agrega que, de los 1400 heridos, al menos 599 fueron por armas de fuego, lo que “da una dimensión del uso de armas de fuego en el contexto”.
Esta conclusión del GIEI reafirma una investigación de CONFIDENCIAL, que reveló que el patrón de disparos contra los manifestantes: heridas letales en cabezas, cuellos y tórax.
Las tomografías de 19 víctimas, en poder de este medio de comunicación, demuestran que los disparos fueron precisos en las frentes, parietales, temporales y occipitales.
