Tegucigalpa, Honduras.- Tras dos años de socialización y disputas estériles entre diputados, a las que se sumaron representantes del magisterio, continúa la división de un sector que aún se siente afectado por las reformas a la Ley del Instituto de Previsión Magisterial (Inprema).
El pleno de diputados ya conoció en primer debate el dictamen, y actualmente se encuentra paralizado a la mitad del segundo debate. Las autoridades anunciaron que el próximo 17 de septiembre, mismo día que se celebra el Día del Maestro en Honduras, lo someterán al tercer y último debate para su aprobación.
Sin embargo, el partido de gobierno no cuenta con los consensos suficientes para alcanzar los 65 votos requeridos para su aprobación, debido a que un sector del magisterio dice sentirse afectado por cómo están establecidas. Este grupo magisterial está siendo escuchado por las bancadas de oposición.
Y es que, según se conoció, hay un sector que cuenta con los beneficios de la Ley de Inprema de 1980, mientras que los que están bajo la aprobada en el 2012 están bajo la disyuntiva de no obtener los mismos beneficios que sus colegas.
Durante esta semana, la Comisión de Educación y Finanzas, encargada de dictaminar las reformas, ha sostenido distintas reuniones con los sectores involucrados, pero sin resultados efectivos.
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Cambios solicitados
Una de las reuniones de las comisiones durante esta semana contó con la presencia de las autoridades de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (FENIEPH), quienes solicitaron distintos cambios de forma y algunos puntos específicos del dictamen.
Carlos Sabillón, presidente de la Fenieph, dijo que pidieron que se realizaran algunos cambios en la especificación de aportaciones de los patronos y los afiliados.
“Hicimos varias observaciones al dictamen. Algunas fueron tomadas en cuenta y otras no. Son cosas puntuales. Contradicciones entre un artículo y otro (por ejemplo)”, comenzó diciendo.
Sabillón explicó que en la ley anterior se establecía un aporte de ellos y del Estado como patrono de 15 % y 19 % respectivamente. Y en las reformas se establece el 20 % y 22 %, un incremento del 5 % sobre el salario del docente.
“La cotización… no debe ser inferior al tres por ciento (3 %) del Sueldo Base Mensual”, establece la reforma.
En ese sentido, Sabillón expuso que el primer borrador establecía el 19 % para las privadas y un 2 % más al Estado, más un 1 % del Seguro Social, pero en el dictamen se establece el 22 %. Temen repercusiones a futuro por no detallar la situación.
“El temor nuestro es que se diga por qué el Estado paga 22 y nosotros 20, y los servicios que le dan a los docentes no deben ser igual a los del público”, concluyó.
Puntos importantes
Entre los aspectos importantes que se destacan en las reformas a la Ley del Inprema figura el establecimiento del directorio de la Junta Directiva, donde se indican los requisitos y prohibiciones para formar parte de la misma.
Uno de los requisitos para formar parte de la Junta es no tener ningún vínculo con el titular del Poder Ejecutivo, diputados del Congreso Nacional, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros órganos electorales.
Tampoco deberían vínculos con dirigentes de organizaciones magisteriales, juntas directivas, centrales o equivalentes y que los hayan dirigido en los últimos cinco años no podrán ser parte.
Por otra parte, la reforma permite a los afiliados al Inprema poder elegir a las personas que sean beneficiarias de sus aportaciones ante cualquier situación que le pueda suceder al titular.
Jubilación
Uno de los artículos más discutidos por los diferentes sectores es la jubilación de los docentes afiliados, pues pasaría de 65 años a 55 años. De acuerdo con el artículo 78 de la Ley, los afiliados al Instituto deberán contar con un mínimo de 20 años de servicio, continuos o alternos, como cotizantes en el ramo de vejez.
La Ley permite solicitar jubilación anticipada a partir de los 55 años, siempre que se cumpla con los años mínimos de servicio. En estos casos, se aplica un descuento del 3 % por cada año de anticipación. No obstante, esta opción queda descartada si el monto de la pensión resultante es menor a la jubilación mínima establecida.
El artículo 80 establece que el cálculo de la jubilación se realiza con base en el Salario Básico Mensual (SBM) y los años de servicio cotizados. Un 2 % por cada año de los primeros 20 cotizados, un 2.5 % por cada año adicional a los veinte, sin exceder el 80 % del SBM.
En caso de postergar la jubilación, que permite por cuatro años más, se otorgará un crédito adicional de 3 % por cada año cotizado extra, hasta un máximo del 90 % del SBM. Lo que significa un bono de 400 mil lempiras.
Participantes preexistentes
Para los afiliados anteriores al Decreto 247-2011, se aplican las mismas tasas de cálculo (2 % y 2.5 %), con la posibilidad de acumular un 3 % adicional por cada año cotizado de postergación después de la reforma, sin superar el 90 % del SBM, según se establece.
No obstante, algunos docentes temen no alcanzar los años de servicio establecidos para poder jubilarse a la edad estimada en las reformas. Con ellos, los beneficios económicos indicados.
Beneficio de suma adicional
El Inprema también contempla un beneficio de suma adicional equivalente a 60 rentas, entregadas a los beneficiarios designados o, en su defecto, a los herederos legales del docente jubilado o pensionado bajo el Decreto Ley 1026 de 1980.
Los jubilados amparados en dicho decreto pueden solicitar la anticipación del beneficio adicional, sujeto a la gradualidad definida en el Reglamento, que toma en cuenta la edad del pensionado, la situación actuarial del Instituto, así como su liquidez, solvencia y rentabilidad.
En caso de fallecimiento de un jubilado que gozaba de la suma anticipada, sus beneficiarios continuarán recibiendo el pago mensual hasta completar el equivalente de 60 rentas, descontando lo ya recibido en vida por el participante.
Sin votos
Edgardo Casaña, presidente de la Comisión de Educación, afirmó que tras dos años de socialización de las reformas están listos para someter el dictamen a tercer debate y que los cambios de redacción solicitados le competerán al pleno de diputados.
“Para nosotros es importante que todos aquellos actores que han estado participando en el proceso se acerquen a la Comisión de Dictamen para que conozcan los alcances. Y se dejen de estar hablando de leyendas urbanas, de gente queriendo sacar protagonismo dentro del gremio y de diputados queriendo hacer maniobras para entorpecer las reformas”, indicó.
Casaña expresó que están evitando los cuestionamientos de los grupos magisteriales que se sienten afectados por las reformas.
“Magisterio nacional, manténganse en diálogo buscando a los diputados. Profesores que van a las urnas a pelear los votos, pongan en claro a los diputados. Exíjanles que hagan justicia con el gremio, devolviéndole su obligación y dejando atrás esa grosería que hicieron en el 2011”, manifestó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Finanzas, Hugo Noé Pino, afirmó que “los representantes de los maestros son los colegios magisteriales. Los cinco están de acuerdo con el dictamen”.
Consultas
Leda Pagan, diputada por el Partido Nacional, detalló que en los 18 departamentos del país están consultando a los docentes sobre las reformas y sobre los cambios que puedan sugerir.
“Acordamos repartirnos el trabajo en los 18 departamentos para escuchar al magisterio. De esta manera, comenzar a recoger todas esas iniciativas o propuestas que nos puedan hacer para presentarlas en el tercer debate. A la vez presentar un informe a lo interno de la bancada, con lo que opina el magisterio”, señaló.
Agregó: “Nosotros escuchamos en términos generales. Maestros que se ven beneficiados con la ley actual, que son los que están desde el 2012 hacia atrás”.
Finalizó apuntando que las juntas directivas de los colegios magisteriales no representan a la totalidad de docentes.
Análisis
Fátima Mena, diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), reveló que participaron en las últimas socializaciones. En estas, los titulares de las comisiones les afirmaron que no cuentan con los votos.
“Una de las dudas que hay es cómo funciona el fondo. Desde los diferentes sectores con los que nos hemos reunido, creo que el tema toral son las 60 rentas y cómo se estarían realizando», apuntó.
«Una de las reuniones pendientes es con el actuario. Un fondo de esta naturaleza tiene que tener sostenibilidad. Es lo que hay que proteger. Para que las jubilaciones dignas de los maestros no sean afectadas”, añadió.
Concluyó sosteniendo que serán importantes las reuniones con los dirigentes magisteriales, el actuario y el gremio magisterial para despejar dudas.
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