Tegucigalpa, Honduras. La madeja del caso de la «Red de Diputados» parece que tiene muchas puntas, pero hasta ahora solo se ha halado una, la que toca a cinco diputados del actual Congreso Nacional de Honduras.
La primera punta de esa madeja de corrupción fue halada por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (UFECIC-MP) y la Misión contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA), que presentaron la denuncia el pasado lunes.
Según indagaciones, esos entes descubrieron una “red de diputados” que se habría apropió ilegalmente de fondos públicos. Esos fondos fueron desembolsados para proyectos sociales, perofueron desviados para uso personal.
Los parlamentarios señalados en la investigación son Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia.
De acuerdo a la investigación de la UFECIC y la MACCIH los cinco congresistas hondureños se valieron de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH). Al parecer esta organización estaba inactiva y fue reactivada para ese propósito.
Esta ONG recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional.
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Raíz de la investigación
El caso trascendió en febrero de 2016 luego que algunos diputados y medios de comunicación presentaran la denuncia pública. El Ministerio Público y la MACCIH, en un comunicado conjunto, explican que los diputados solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, los cuales eran entregados a la ONG y depositados en la cuenta corriente 1221217915 del Banco Davivienda.
Según el informe, el 14 y 21 de diciembre de 2015 la Secretaría de Finanzas transfirió 3.3 millones de lempiras. De estos fondos, 1, 796, 420 lempiras fueron entregados a los diputados y el resto a otras organizaciones y personas.
Fueron 15 cheques los entregados a los cinco congresistas, sumando en total 8.3 millones de lempiras facilitados a la ANPIBCH.
“Está probado que al día siguiente del depósito se realizaron los pagos a los diputados mediante cheques que fueron depositados a sus cuentas personales o cobrados el mismo día del giro”, indicó la MACCIH en un video posteado en su cuenta de Facebook.
Ante ello, en septiembre de 2017, se integró la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción y, comenzó a trabajar con la MACCIH en el presente caso.
Además, según las investigaciones, la estructura de la red de diputados involucrados incluyó la participación de otras personas.
Entre ellas, figuran Jeremías Castro Andrade, Tesorero de la ONG; José Napoleón Panchamé Banegas, Director Ejecutivo de la ONG; y, Geovanny Castellanos Deras, gestor de las operaciones.
¿Cuál es el posible origen de los fondos con los que fue beneficiada la red de diputados?
El equipo periodístico de Diario Tiempo Digital, intentó comunicarse vía telefónica en varias ocasiones con el titular de la Secretaría de Finanzas, Wilfredo Cerrato, sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.
Ante ello, este medio de comunicación le consultó al economista y ex ministro de Finanzas en el gobierno del “Poder Ciudadano” Hugo Noé Pino, cual pudo ser el posible origen de los fondos con los que se gestó este presunto acto de corrupción.
En ese sentido, el también ex director del Banco Central de Honduras, dijo que el rubro general en el cual se encuentran estos recursos se denomina transferencias al sector privado y esto incluye alrededor de 120 ONG´s.
“Con esta acusación que se ha presentado recientemente abre la oportunidad de hacer una investigación más extensiva. Más a fondo de cómo se manejan estos recursos”, manifestó Hugo Noé.
Seguidamente, señaló que esta problemática es parte de la “inoperancia” del Tribunal Superior de Cuentas. Este organismo no ha ofrecido ninguna información en contra de esta oenegé que ha sido denunciada.
“La utilización de ONG se ha dado en otros países con el objetivo de sacar recursos o fondos públicos. Estos para destinarlos a pagos de naturaleza política o a corrupción ampliamente hablando”, dijo el especialista en temas económicos.
En relación a los requisitos que tienen que cumplir estas organizaciones para recibir fondos del Estado, Hugo Noé Pino, explicó que la misma ley ya estipulas las condiciones que hay que cumplir para ser beneficiados.
Sin embargo, agregó que aparte de cumplir con los requisitos de carácter legal, estas ONG tienen que certificar en que destinarán los fondos solicitados.
“La transferencia de recursos no es una sorpresa, ni es de ahora. Lo que pasa es que no ha habido supervisión e investigación sobre si estos recursos llegan a su destino”, puntualizó.
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¿Últimas reformas al Código Penal podrían beneficiar en gran parte a los diputados señalados?
Es necesario mencionar que el pasado mes de agosto el Poder Legislativo de Honduras aprobó rebajar las penas por corrupción en un nuevo Código Penal.
La reforma al artículo 475 del Código Penal fue presentada por el diputado suplente del Partido Nacional Agapito Rodríguez. En la misma, se estipuló que se redujera las penas para los delitos de malversación de caudales públicos.
No obstante, se denunció que en la rectificación del acta de aprobación se había trastocada. Esto, ya que originalmente se había dejado establecido pagar una pena de nueve a doce años y al final apareció con una pena seis a nueve años de reclusión.
También, en la modificación se estableció una pena de cuatro a seis años de cárcel para el delito de enriquecimiento ilícito, cuando se había aprobado con penas de seis a nueve años.
Ante ello, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, manifestó a Diario Tiempo Digital que, dichas reformas se realizaron a fin de beneficiar a los corruptos.
Al mismo tiempo, añadió que “hay que dejar claro que estas reformas se hicieron para favorecer a los corruptos. En este caso en particular estas reformas no beneficiaran a los corruptos porque están en el nuevo Código Penal; y no ha entrado en vigencia todavía”.
Detalló que el mismo entrará en vigencia en los próximos dos años, ya que no ha sido aprobada en su totalidad. “Faltan unos pocos artículos por aprobar, incluidos en de la vigencia. Entendemos que la misma será para dos años después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta”, puntualizó Cálix.
El parlamentario opositor, aseguró que dichas reformas estarían entrando en vigencia a finales del año 2020. Por lo cual, no aplicaría a los diputados involucrados en dicha red.
Por su parte, a criterio del analista hondureño, Raúl Pineda, aunque estos diputados acusados de varios delitos no vayan a prisión, quedarán marcados como corruptos.
Esto, ya que podrían ser sentenciados a condenas de 2 o 6 años de prisión dependiendo de los elementos que se presenten en su contra.
“Eso depende de la decisión que tome el juez. La verdad que la acción es grave desde el punto de vista político moral; pero en el orden legal es una pena que no pasa de los 6 años”, indicó Pineda.
Subrayó que dichos parlamentarios podrán conmutar sus penas. Sin embargo, añadió que “las vidas de ellos quedarán marcadas como personas corruptas”.
Investigarán a más de 100 diputados hondureños por haber recibido supuestos fondos de ONG
Después de salir a luz pública la participación de los primeros cincos diputados que habrían recibido fondos de una ONG, más de 100 diputados del actual Congreso Nacional de la República están siendo investigados por la MACCIH, esto, según información de un medio local.
De acuerdo a las indagaciones, esta red de parlamentarios utilizaron oenegés para apropiarse de fondos; miismos que, iban destinados a proyectos sociales. Pero al final, en la mayoría de los casos, los recursos económicos terminaron en sus bolsillos.
Los diputados investigados pertenecen a las diferentes bancadas del parlamento hondureño. Así como congresistas propietarios y suplentes de varias instituciones políticas.
Cabe mencionar que, en la lista figuran diputados del departamento de Cortés, Santa Bárbara; Atlántida y Francisco Morazán, entre otros.
