Redacción. En la audiencia inicial contra los generales retirados Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, el proceso avanza hacia su etapa final, con la presentación de las conclusiones tanto por parte de la fiscalía como de la defensa.
Este caso está relacionado con el asesinato de Isy Obed Murillo, ocurrido durante las protestas contra el golpe de Estado del 5 de julio de 2009.
Según Melvin Duarte, abogado acusador y representante de los afectados en el golpe de Estado, «se está en el punto final de la audiencia inicial», donde ambas partes han presentado sus argumentos finales. En esta etapa, el juez evaluará si existen elementos suficientes para dictar un auto de formal procesamiento, o si, por el contrario, procede un sobreseimiento definitivo o provisional.
Pruebas presentadas
El Ministerio Público presentó un total de 14 medios de prueba, que incluyen documentos, testimonios y peritajes. Entre los testigos destacados se encuentran el padre de la víctima, José Murillo; un testigo presencial; una persona herida durante las protestas, y el periodista César Silva.
Por su parte, la defensa presentó pruebas documentales y testimonios de cuatro personas, entre ellas, tres generales retirados, quienes comparecieron hasta altas horas de la noche del pasado sábado.
Duarte subrayó que el juez no impuso restricciones que limitasen la participación de las partes. Además, permitió pausas para que las intervenciones se realizaran de manera fluida.
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Contexto del caso
Los hechos que se juzgan ocurrieron durante una protesta en el aeropuerto Toncontín en 2009, cuando Isy Obed murió por un disparo en la cabeza. Los acusados fueron detenidos el pasado domingo 5 de enero en diferentes puntos del país.
Vásquez Velásquez, uno de los implicados y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, fue aprehendido mientras se dirigía a un almuerzo con familiares en la zona sur de Honduras.
Próxima resolución
Con las pruebas evacuadas y las conclusiones presentadas, el juez deberá emitir una resolución en las próximas horas. Las opciones incluyen dictar un auto de formal procesamiento si se encuentran indicios de responsabilidad. O bien conceder un sobreseimiento definitivo o provisional si los elementos presentados no resultan concluyentes.
La fiscalía solicitó la recalificación del delito de homicidio a asesinato en contra de los tres acusados. De aceptarse esta solicitud, los imputados podrían enfrentar penas de 20 a 25 años de cárcel.