Tegucigalpa, Honduras. A menos de un mes para las elecciones primarias de tres partidos políticos, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) enfrenta dificultades por la reducción presupuestaria de un 61 %.
Los magistrados del ente electoral, desde el 2024 solicitaron un monto de 39 millones de lempiras para las elecciones primarias y 42 millones de lempiras para los comicios generales, pero en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2025, aprobado la madrugada del pasado 5 de febrero, únicamente se establecen 31 millones de lempiras.
Hay que resaltar que los fondos de los distintos entes electorales en el Presupuesto 2025 están dentro de la partida confidencial, también conocida como 449. Estos presupuestos son distintos a los montos ordinarios anuales de las instituciones. En el caso del TJE, este es de 69 millones 680 mil 13 lempiras para su operatividad anual; sin embargo, esta cantidad se quedaría corta para atender el proceso electoral.
Cuando un precandidato está inconforme con el resultado de las elecciones, la primera instancia de su reclamo es el Consejo Nacional Electoral. Si no está conforme, presenta un recurso ante el TJE, mismo que tiene que ser respondido en un término no mayor a 30 días, según la nueva Ley Procesal Electoral. Pero sin los recursos, el período de resolución es una duda.
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Logística y plazos
El magistrado del TJE, Mario Alberto Flores Urrutia, quien denunció la reducción presupuestaria, afirmó que solicitarán una reconsideración al Congreso Nacional.
“Estamos preocupados porque los diputados que analizaron y tuvieron a la vista la solicitud de nuestro presupuesto no miran el impacto de la dificultad que tenemos nosotros para ejecutar y administrar la justicia electoral… Vamos a solicitar una reconsideración al Congreso. No sé hasta dónde podría aceptar esta petición que vamos a hacer porque es un año electoral, político y polarizado. Queremos garantizar verdadera justicia”, dijo en HRN.
Urrutia explicó que cuentan con 48 empleados en años que no son de elecciones, pero para los procesos electorales necesitan contratar personal temporal, alquilar instalaciones además de la sede, computadoras, sillas, el transporte del personal y distintas actividades, que no podrán cumplir por la falta de presupuesto.
“El 95% de los diputados que están en sus curules van a reelección, y más de alguno va a tener instancias en el CNE y va a tener que acudir para validar o invalidar los derechos que han sido invalidados en el CNE”, sostuvo.
Sin voluntad
Sobre el tema, el director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, lamentó la falta de voluntad política para fortalecer a los entes electorales. Además, vaticinó que puede que no exista una pronta respuesta del Poder Legislativo ante la reconsideración del presupuesto del TJE.
“Lo que demuestra es la escasa voluntad política de los políticos para fortalecer las instituciones electorales. En el caso del TJE, se le había aprobado una nueva Ley Procesal, pero el Tribunal, después de las elecciones, juega un rol importante… Es bastante complicado el hecho de que se hable de reducción del presupuesto, porque no solamente limita las herramientas. Hay muchas personas que se contratan para después de las elecciones”, señaló.
Aguilar es del criterio de que, aunque la nueva Ley Procesal Electoral fortalece al TJE, la falta de presupuesto pone en riesgo el tiempo de las resoluciones que pueda emitir.
“La ley hace más fuerte al Tribunal, pero quizás no se va a dar abasto para la cantidad de recursos que se puedan dar y sacarlos en tiempo y forma. Ese es el principal reto, considerando que los tiempos son cortos y que esa persona, antes de la declaratoria, debería tener una respuesta. Si no hay esa celeridad económica para contratar personal y eficientar los procesos, se mira bastante complicado”, señaló.
En cuanto al tiempo y la resolución que puedan tener del Legislativo, el representante de ASJ ve complejo que el TJE pueda realizar acciones como la capacitación del personal. “No solo es aumentar presupuesto al CNE y Política Limpia. Todo se debe realizar de manera integral, no es posible que se abandone al TJE”, concluyó.
Crisis
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, afirmó que se debe dar prioridad al fortalecimiento de los entes electorales.
“Es triste. Como presidente del CAH, se me ha comunicado buscando apoyo porque no tienen ni para imprimir los carnets del personal. Eso no debe de ocurrir. Estamos viendo dificultades en otras instituciones importantes como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)”, indicó.
Agregó que al TJE lo crearon para «que les dé certeza a los procesos electorales y jugar un rol importante después de las elecciones”.
Solórzano señaló que las resoluciones tardarán el tiempo que lo requieran, “porque muchas veces no se resuelven con base en la justicia, sino por arreglos políticos entre quienes aspiran a la presidencia. Eso ha hecho que la gente pierda la confianza”.
La reducción presupuestaria del TJE representa un desafío significativo para la justicia electoral en Honduras, especialmente en un año clave para la democracia del país. Sin los recursos necesarios, el proceso de resolución de disputas electorales podría verse afectado, generando incertidumbre y debilitando la confianza.
