AFP. Un grupo de ambientalistas salvadoreños acusó el pasado sábado al gobierno de Nayib Bukele de «persecución» y «hostigamiento» por rechazar la minería metálica que impulsa el presidente, y lo responsabilizó de cualquier «atentado» que puedan sufrir contra su integridad física.
Los ecologistas señalaron que el gobierno y los defensores de la minería han orquestado de forma sistemática campañas «de desprestigio» y de «burla» en su contra. Todo esto para «generar odio» y criminalizar la protesta contra la minería defendida por Bukele.
Los opositores a la minería «son objeto de persecución y hostigamiento por lo que desde este día responsabilizamos directamente al gobierno por cualquier atentado», señaló Samuel Núñez, del movimiento ambientalista Voces del Futuro, en conferencia de prensa.
A finales del año pasado, el Congreso salvadoreño, controlado por Bukele, dio luz verde a una ley impulsada por el mandatario para reactivar la minería metálica. La acción estaba prohibida en el país desde 2017.
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-Yacimientos en El Salvador-
El presidente sostiene que, según un estudio cuya autoría no reveló, en El Salvador existen yacimientos de oro valorados en 131,000 millones de dólares. Esto equivale «al 380 % del PIB».
Los ambientalistas temen que esa actividad contamine el río Lempa. La corriente atraviesa la potencial zona minera y abastece de agua al 70 % de los habitantes de la capital y ciudades aledañas.
A principios de febrero la Iglesia católica inició una campaña para recolectar un millón de firmas y expresar el rechazo a la minería.
«Reiteramos firmemente nuestro rechazo a la minería metálica en El Salvador ya que es una actividad que representa una amenaza directa para nuestros ecosistemas y la vida», afirmó Núñez.
Bukele tiene una gran popularidad en su país por su «guerra» contra las pandillas. Para esta acción se ha amparado desde hace casi tres años en un régimen de excepción que ha provocado denuncias de organismos internacionales de derechos humanos.
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