TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Congreso Nacional, dirigido por la junta directiva que preside Luis Redondo, aprobó en sesión legislativa una rebaja de 10 lempiras en los precios de los combustibles y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Las propuestas de ley se recibieron en el Legislativo y quien las envió fue la misma presidenta Xiomara Castro. Con ambas modificaciones se estarán beneficiando una buena parte de hondureños.
En el caso de la rebaja al precio de los combustibles, fue el diputado por el departamento de Valle, Fabricio Sandoval, quien presentó la moción. Tras este paso, se esperó llevarla a debate y se aprobó en el primero.
En tal sentido, el decreto aprobado va a permitir un efecto positivo y de inmediato, es decir que la gasolina súper, regular y el diésel van a bajar 10 lempiras por galón.
El impacto económico de la medida representa 2 mil 800 millones durante el año 2022, que se va a financiar con la mejora de los ingresos por la reactivación de la economía.
El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, explicó que “es una medida para poder controlar la inflación en el resto del año con un sacrificio en el Presupuesto”.
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Modificación a la ley del sector eléctrico
De igual manera, se aprobó en la sesión legislativa la reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), con la finalidad de permitir al gobierno otorgar subsidio a 1.3 millones de usuarios que consumen menos de 150 kwh de energía al mes.
Con esta modificación, los ajustes por energía eléctrica que se deriven del subsidio, se van a trasladar a los sectores que más consumen. La finalidad, según la presidenta, es para apoyar a los hondureños más necesitados.
Actualmente, la ley solo permitía la aplicación de subsidios a la energía entre los mismos sectores o categorías de usuarios (residenciales, industriales, comerciales y sector gobierno).
Asimismo, los ajustes a las tarifas se realizan cada tres meses y era un aspecto que agravaba la situación especialmente de las familias en extrema pobreza.
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“El ajuste lo absorberá una parte para el sector comercial y el industrial y la otra la absorbe la Secretaría de Finanzas; pero no será cargado al consumidor residencial”, aseguró el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero.
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