Tegucigalpa, Honduras. Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), informó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reactivó el caso denominado «Caja China del Hermano«.
A través de su cuenta de Twitter, Santos publicó que la reactivación del caso se da porque la sala declaró «con lugar» una acción de amparo que interpuso la UFERCO.
En este caso en particular se acusa a Wilfredo Cerrato Durón y Ramón Lobo Sosa, este último hermano del expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa.
A ambos se les acusa por los delitos de fraude y malversación de caudales públicos en contra de las arcas del Estado de Honduras. La investigación indica que habrían desviado unos 13 millones 778 mil lempiras a través de la emisión fraudulenta de 25 cheques desde una cuenta a nombre de Casa Presidencial.
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El fallo de la Sala de lo Constitucional el torno al amparo de la UFERCO cita: «que la Corte de Apelaciones Natural designada por la Corte Suprema de Justicia, anule el sobreseimiento definitivo de fecha veinte de junio del dos mil diecinueve. Se revoca la decisión de declarar «sin lugar» el recurso.
Involucra al hermano de «Pepe»
La extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) reveló en noviembre del 2018 la línea de investigación en contra Ramón Lobo Sosa, hermano del expresidente «Pepe» Lobo y al exsecretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial, Wilfredo Francisco Cerrato Durón.
Las investigaciones de la MACCIH en conjunto con el Ministerio Público indicaron que ambos se confabularon para extraer el dinero de una cuenta de Casa Presidencial. Esta última estaba asignada para cubrir los gastos de seguridad de funcionarios estatales.
Era precisamente Cerrato el que emitía los cheque con los que se pagaba la seguridad de Lobo Sosa, quien en ese momento tenía 11 militares asignados a su protección. El dinero se acreditaba a las cuentas personales del hermano de «Pepe», puesto que a los escoltas les pagaba el Estado Mayor Conjunto.
El caso inicio a finales del 2018 y ambos se les dio captura, pero luego un juez estimó darles la medida de arresto domiciliario. Sin embargo, en junio del 2019 se les otorgó el sobreseimiento definitivo y fue eso lo que apelo la UFERCO.
