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domingo, agosto 17, 2025

Reabren caso contra Luis Redondo por incumplimiento en la manutención de su hija

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Redacción. La División de Ejecución de Manutención Infantil (DCSE) del estado de Virginia notificó oficialmente la reapertura de un caso de manutención infantil contra Luis Rolando Redondo Guifarro, presidente del Congreso Nacional de Honduras.

La carta enviada a las partes involucradas, identificada con el número de caso 0005605419, da inicio a un proceso que podría incluir pruebas de paternidad y audiencias judiciales conforme a la legislación estadounidense.

El caso tiene sus raíces en una demanda presentada en octubre de 2023 por Alejandra Bustillo, expareja de Redondo y madre de su hija. Bustillo denunció que Redondo no ha cumplido con sus responsabilidades parentales desde mayo de 2023, tras la finalización de su relación.

Carta del Department of Social Services (DCSE) de Virginia.

Ausencia

A pesar de haber sido citado en varias ocasiones para una audiencia programada en la Corte de Virginia el 21 de mayo de 2024, Redondo no compareció ni envió representante legal. Tras su cuarta inasistencia, el juez desestimó temporalmente el caso. Sin embargo, Bustillo ha decidido reabrir el procedimiento y trasladar la demanda a Honduras. Además, ha recurrido a mecanismos locales como el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) para exigir cumplimiento de obligaciones.

Redondo ha evitado dar declaraciones directas sobre el caso, limitándose a asegurar que “el tiempo se encargará de poner en contexto” los hechos. También ha dicho que “las leyes no son exclusivas para otras personas”.

expareja de Luis Reondo premio
Alejandra Bustillo le exige a Redondo la manutención de su hija.

Por su parte, Bustillo ha hecho público el proceso judicial en redes sociales, denunciando presiones indirectas por parte del diputado y gestionando fondos para cubrir gastos legales, trámites de nacionalización de su hija y reconocimiento de paternidad en Honduras. Incluso presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por amenazas e intromisiones.

Analistas y activistas feministas han señalado que el caso evidencia la impunidad que persiste en temas de responsabilidad familiar y violencia.

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