Tegucigalpa, Honduras. La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) presentó este martes una denuncia formal ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), exigiendo una investigación integral por el presunto uso indebido de fondos públicos con fines proselitistas en el marco de las campañas políticas rumbo a las elecciones generales de noviembre de 2025.
La denuncia incluye hallazgos preocupantes sobre la posible utilización de recursos del Estado para favorecer a candidatos, movimientos o partidos políticos, a través de programas sociales, obras menores, becas educativas, subvenciones legislativas y otros mecanismos de distribución de fondos públicos sin control efectivo.
En ese sentido, la RDD señaló que es una práctica que atenta directamente contra la equidad electoral, el principio de legalidad y el derecho de la ciudadanía a procesos transparentes y competitivos.
La denuncia surge a partir de la difusión de un video ampliamente compartido en redes sociales, en el que se escucha a una diputada y actual candidata a la reelección por el partido LIBRE, y al titutar de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
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En el metraje discuten sobre la entrega de kits valorados en más de 125 mil lempiras cada uno. Eso implica que la entrega de estos recursos podría constituir una ventaja indebida.
En ese sentido, indicaron que estarían violando los principios de equidad electoral, transparencia en el uso de los fondos públicos y prohibición del clientelismo político, establecidos en la normativa nacional e internacional en materia electoral y de financiamiento político.
Diversos sectores de la sociedad han señalado la discrecionalidad de las llamadas «subvenciones legislativas», que persisten a pesar de la derogación del decreto 116-2019.
¿Qué contiene?
Hasta abril de 2025, se reportan más de 400 millones transferidos como subvenciones, sin evidencia de ejecución material ni liquidaciones detalladas, según la RDD.
Indicaron que estas prácticas podrían ser utilizadas por congresistas que buscan reelegirse, con el fin de captar simpatías políticas mediante dádivas encubiertas.
La denuncia establece que se ha autorizado, en el marco del presupuesto general de ingresos y egresos de la República para los años 2023, 2024 y 2025, asignaciones anuales de hasta 950 millones de lempiras.
Los fondos estaban destinados a proyectos de infraestructura menor y obras sociales. Estos se ejecutaban a solicitud de estructuras comunitarias. Entre ellas se incluyen comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías y juntas de agua. Además, se incluían cajas rurales, entre otras, así como el otorgamiento de becas de estudio en todos los niveles educativos.
La denuncia subraya que, según datos de la UFTF, 85 de los 1,283 candidatos electos en las elecciones primarias no presentaron sus informes financieros.
Señalaron que el incumplimiento de la obligación legal de rendición de cuentas representa una clara violación a la normativa vigente. Además, es un riesgo serio para la integridad del sistema de financiamiento político.
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