Redacción. El gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), bajo la administración de Donald Trump, lanzó una nueva y controversial ofensiva en su lucha contra la inmigración irregular.
La medida se centra ahora en la revocación de la ciudadanía a aquellos individuos que hayan cometido ciertos delitos. Incluso, si estos ocurrieron antes de que obtuvieran su estatus legal en el país.
Esta política, que concede una discrecionalidad significativamente mayor a los fiscales federales para iniciar procedimientos de desnaturalización, es percibida por expertos en derechos civiles como una escalada preocupante.
Delitos graves
Un memorando interno del 11 de junio, firmado por el fiscal adjunto Brett A. Shumate, indica que el Departamento de Justicia (DOJ) ha priorizado los casos de revocación de ciudadanía para personas involucradas en delitos graves.
Eso incluye crímenes violentos, fraudes financieros y violaciones a la seguridad nacional, sin importar la fecha en que estos delitos se cometieron.
Le puede interesar: Cámara Baja inicia debate sobre plan fiscal de Trump con reto de aprobarlo para el viernes
La medida ha generado profunda preocupación, ya que podría afectar a cientos de miles de inmigrantes que obtuvieron la ciudadanía por naturalización, pero que posteriormente incurrieron en delitos.
Una de las principales inquietudes radica en que estos procedimientos se llevarán a cabo bajo litigios civiles. Esto significa que las personas afectadas no tendrán derecho a un abogado de oficio y que el umbral probatorio requerido será considerablemente menor que en un proceso penal. Defensores de los derechos humanos alertaron sobre el riesgo de abusos y errores judiciales.
El caso de Elliott Duke, condenado por distribución de material de abuso infantil antes de obtener su ciudadanía, ha sido citado como un claro ejemplo de esta nueva política. Duke, quien ahora enfrenta la pérdida de su ciudadanía sin acceso a defensa legal, ha expresado su indignación, señalando que esta revocación lo ha dejado en una situación de apatridia.
Implicaciones más amplias
Además de los crímenes graves, el Departamento de Justicia (DOJ) también está enfocándose en casos donde la ciudadanía se obtuvo mediante fraude, incluyendo el ocultamiento de información relevante durante el proceso de naturalización.
Aunque el gobierno defiende que la medida es necesaria para proteger la integridad del sistema de naturalización y prevenir abusos, la controversia sobre su impacto sigue creciendo. Expertos temen que se puedan generar «ciudadanos de segunda clase» y afectar a familias enteras si uno de sus miembros pierde su nacionalidad.
