Redacción. El presidente Donald Trump, en el marco de su política contra la inmigración ilegal, ha logrado que varios países acepten recibir a migrantes expulsados de Estados Unidos. Tras acuerdos con El Salvador, Panamá y Costa Rica, cuatro naciones africanas (Uganda, Ruanda, Suazilandia y Sudán del Sur), así como Honduras, se sumaron a la iniciativa.
Aunque los líderes de estos países han sido discretos sobre los detalles, críticos de la medida sugieren que podrían existir acuerdos financieros o de ayuda humanitaria de por medio.
Recientemente, el Gobierno de Ruanda confirmó la llegada de un primer grupo de siete migrantes a mediados de agosto, quienes, según sus autoridades, recibieron el “apoyo adecuado y la protección” necesaria.
Estos migrantes, a quienes Trump califica como “criminales”, representan el último grupo conocido reubicado en África como parte de su estrategia de deportación masiva.
El Salvador, primer país en recibir deportados
El primer país en aceptar a los deportados fue El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele, autoproclamado como el “dictador más cool del mundo”.
Durante cuatro meses, 252 venezolanos acusados de presunta pertenencia a la banda del Tren de Aragua permanecieron encarcelados en el país centroamericano, aunque solo 20 de ellos tenían antecedentes penales en EE. UU.

Varios de los afectados contaron a AFP el infierno que vivieron en las cárceles de El Salvador. No obstante, esta política ha reforzado las relaciones entre ambos países y ha llevado al gobierno estadounidense a ignorar las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la “guerra” contra las pandillas de Bukele.
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“Se siente protegido de alguna manera por su asociación” con Trump, afirmó Noah Bullock, director de la ONG Cristosal, al recordar que la Constitución salvadoreña fue recientemente modificada para permitir que Bukele se presente a la reelección de manera indefinida.
Confusión y expulsiones desde EE. UU.
Un salvadoreño, Kilmar Abrego García, se ha convertido, sin buscarlo, en el símbolo de la política represiva estadounidense. En marzo, las autoridades lo expulsaron a El Salvador por un “error administrativo”.
Luego de ser devuelto a EE. UU., fue detenido de nuevo el pasado lunes y puesto bajo custodia antes de una nueva expulsión, esta vez hacia Uganda. La justicia, sin embargo, suspendió esta última acción.

El Departamento de Estado informó que su titular, Marco Rubio, habló la semana pasada por teléfono sobre este asunto con el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, último país en anunciar un acuerdo con Washington; sin embargo, los detalles siguen siendo confusos.
Uganda acoge a una de las mayores poblaciones de refugiados del mundo (1,7 millones de personas) y recibe importante ayuda internacional para mantenerlos. También depende de la asistencia estadounidense, sobre todo para sus programas de lucha contra el sida.
Acuerdo estadounidense-ruandé
El jueves pasado, Kampala explicó que “prefería” que los expulsados llegados a su territorio fueran “personas originarias de países africanos”, pero no es el caso de García.
“¿Por qué Uganda está involucrada en estas cosas vergonzosas?”, preguntó en X el exjefe de inteligencia ugandés David Sejuda. Este excolaborador del mandatario ugandés, a quien ahora critica tras más de cuatro décadas en el poder, denunció la desaparición de “la moral” en el país.
El líder de la oposición ugandesa, Robert Kyagulanyi, declaró a AFP que el gobierno estaba “desesperado” por conseguir el respaldo de Washington. Asimismo, afirmó que el acuerdo probablemente implique “acoger a personas con antecedentes penales a cambio de ayuda, apoyo político y cooperación económica”.
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Ruanda, cuyo presidente gobierna desde 1994, anunció en agosto que acogerá hasta 250 personas expulsadas por EE. UU. en nombre de sus “valores sociales”.
Pese a que no se dieron a conocer los detalles del acuerdo, otro similar firmado en 2022 con Reino Unido prometía al país cientos de millones de libras en ayuda al desarrollo, aunque el pacto terminó descartado tras la llegada de un nuevo gobierno laborista.
Expulsados en Suazilandia y Sudán del Sur
También Sudán del Sur recibió a ocho migrantes procedentes de EE. UU., aunque el gobierno aún no se ha pronunciado al respecto.
Este país, el más joven del mundo desde su independencia de Sudán en 2011, es inestable y uno de los más pobres del planeta. Además, acaba de salir de una cruenta guerra civil que dejó 400,000 muertos entre 2013 y 2018.
En abril se negó inicialmente a recibir a un congoleño deportado desde EE. UU. y, en represalia, Washington anunció la revocación de todos los visados concedidos a los sursudaneses.

“La mayoría de los responsables sursudaneses se han convertido en objeto de sanciones y, para aligerarlas, deben postrarse”, explicó Akol Madwok, profesor de la Universidad de Juba.
Cinco expulsados, calificados de “bárbaros” por la administración Trump, igualmente están encarcelados en Suazilandia, la última monarquía absoluta de África, donde las violaciones de los derechos humanos son numerosas.
“No se sabe” qué se ha obtenido a cambio, señaló Melusi Simelane, miembro de una ONG que presentó un recurso judicial contra esta decisión. A su juicio, “es importante destacar que la administración Trump se centra en democracias débiles, donde sabe que no se le harán preguntas”.