Tegucigalpa, Honduras. Luego de la millonaria demanda interpuesta por Inversiones Continental al Estado de Honduras, el abogado penalista, Raúl Suazo, manifestó que dicha acción está amparada en la ley.
El abogado señaló que a su criterio la Ley de Privación de Dominios es inconstitucional. Por lo que la demanda de la familia Rosenthal en contra del Estado podría prosperar.
“La ley de la Privación de Dominio es inconstitucional. Nosotros lo hemos mantenido en varios recursos que hemos presentado en la Corte Suprema de Justicia. A ellos les conviene porque nadie dice o hace nada y en ese sentido la demanda de Inversiones Continental puede prosperar”, explicó Suazo.
«Con las reformas a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito se respetará el principio de inocencia. El aseguramiento o incautación de bienes solo será una medida preventiva y no definitiva», detalló el penalista. Dichas reformas se aprobaron el pasado mes de marzo.
Suazo indicó, “la incautación aplicará hasta que el acusado sea vencido en un juicio”.
Asimismo, manifestó que hubo abuso por parte de la Oficina Administrativa de Bienes Incautados (OABI) y el Estado hondureño.
“Nosotros consideramos que la demanda que promoverá Inversiones Continental podrá tener un asidero jurídico legal porque hubo un evidente abuso por parte de las autoridades de la Oficina de Bienes Incautados y El Estado”, expresó Suazo.
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Responder por actos
Respecto a la OABI, el abogado indicó que los funcionarios públicos deberán responder por dichos actos.
“La Constitución establece que por los actos de los funcionarios públicos deberán de responder los mismos”, señaló.
Asimismo, declaró que los “errores” en los procedimientos se deben a que no se respetan las leyes.
“La gente no respeta la ley, los mismos funcionarios públicos no respetan la ley, hacen un evidente abuso de autoridad. Se van más allá de lo que la ley les permite, eso causa perjuicio a las personas”. Manifestó Suazo.
Por otra parte, el abogado señaló que otro de los problemas es que las personas no reclaman sus derechos que tienen por ley.
“No estamos acostumbrados a reclamar nuestros derechos, pero cuando aprendamos a reclamar los derechos e irnos a las vías correspondientes ya sea denunciando o demandando al Estado eso obligará a que el funcionario público deba de sujetarse a lo que establece la ley”, declaró el jurista.
