Redacción. El jefe de la bancada por el partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, afirmó este lunes, 7 de octubre, que existen planteamientos para derogar el artículo 117 de la Ley de Portación de Armas, que no permite la portación de armas en el departamento de Colón.
Sarmiento sostuvo que no es un tema político, sino de seguridad nacional, debido a que Colón es un departamento importante en cuanto a producción agrícola.
“No se puede politizar este tema y debe ver con la seriedad del caso. Sin embargo, derogar este decreto podría generar violencia desatada, más abierta; y otros nos dicen que el decreto no tiene sentido, porque va en contra de la gente honesta y honrada que porta armas para salvaguardar su vida o sus bienes y que las bandas de crimen organizado no se desarman se mantienen en clandestinidad y no se solicita el permiso de portación”, agregó.
Agregó: «hemos planteado una reforma al decreto para obtener un salvoconducto para los que van de tránsito, y que quienes logren justificar que logren comercio, empresas y ver el mecanismo que se podrá utilizar».
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Sarmiento recalcó que la Constitución de Honduras no establece que tener y portar armas es un derecho constitucional como en otros países.
“La portación de armas está establecido en un decreto de ley de control de armas y bajo ciertos requisitos y parámetros el Estado. Los ciudadanos que busquen porta un arma para uso agrícola deberán de cumplir con dichos requisitos”, apuntó.
Inconformidad
Los locales han salido a manifestarse en las calles mostrando su desaprobación del artículo 117 de la Ley de Portación de Arma, aprobado en 2012.
Este lunes productores y ganaderos han decidió bloquear las salidas y entradas a Colón para exigir la derogación del decreto 119-2012.
Los ganaderos afirmaron que tanto los productores y población del departamento de Colón y zonas aledañas viven «en inseguridad». Por este sentido, es que se oponen a la prohibición del porte de armas a civiles.
Por este sentido es que Rafael Sarmiento, señaló que el decreto legislativo podría ser reformado para que las personas que necesitan portar armas tengan un salvoconducto.
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