Redacción. En menos de cuatro meses, la Secretaría de Derechos Humanos (Sedh) pasó de rechazar una oferta de L7.2 millones por considerarla demasiado costosa, a adjudicar casi el triple del valor inicial, L19.3 millones, a la misma empresa, Latin American Armored Rentals S.A. (LAARSA), sin proceso de licitación pública, de acuerdo con un rotativo de circulación nacional.
Esta contratación directa ha generado dudas sobre la transparencia del uso de los recursos del Mecanismo de Protección.
Sin embargo, más allá de las cifras, lo que más llama la atención es quiénes son las personas beneficiadas con este costoso servicio de alquiler de vehículos blindados. Aunque la Sedh justificó el contrato bajo el argumento de proteger a personas en situación de vulnerabilidad, documentos oficiales y fuentes cercanas al proceso revelan que ninguno de los actuales usuarios ejerce funciones relacionadas directamente con periodismo, comunicación, defensa de derechos humanos o justicia, tal como lo establece la ley.
Le puede interesar: Cuestionan destino millonario en carros blindados a través del mecanismo de protección
¿Quiénes usan las camionetas blindadas del Mecanismo?
Entre los nombres que figuran en los informes internos y reportes de seguimiento están:
-
Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad.
-
Ligia Ramos, diputada independiente del Congreso Nacional.
-
Pedro Joaquín Amador, asistente presidencial en atención a presos políticos y jugador activo del club de fútbol Meluca Campamento.
-
Berta Olivia Cáceres, hija de la ambientalista asesinada Bertha Cáceres.
-
Gustavo Cáceres y Austra Bertha López, hermano y madre de la misma ambientalista.
Estas personas reciben protección con vehículos blindados arrendados mediante el Mecanismo, a pesar de no formar parte del perfil que establece la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Un contrato tres veces mayor y sin licitación
En septiembre de 2024, la Sedh había declarado fracasado el concurso público LPN-SEDH-01-2024-SAV, luego de que la única propuesta —la de LAARSA por L7,287,183.96— superara los fondos disponibles, que eran de solo L7 millones. El rechazo se formalizó en el acuerdo administrativo número 003-2024.
Pese a esto, a inicios de 2025 se suscribió un contrato por L19,322,968, casi tres veces el monto inicialmente descartado. La adjudicación se realizó mediante contratación directa bajo el expediente CD-SEDH-01-2025, sin apertura a competencia ni convocatoria pública.
Sin contrato formal
El expediente administrativo revela otro detalle preocupante: no existe un contrato firmado entre la Sedh y LAARSA. El inciso 21 señala explícitamente que:
«Dichos servicios no cuentan con un sustento documental en el que se hayan convenido derechos y obligaciones para ambas partes, más que los informes técnicos, jurídicos y económicos que obran en el presente expediente».
Es decir, el Estado mantiene un servicio de arrendamiento millonario sin un documento legal que defina responsabilidades para ninguna de las partes.
Tras el rechazo de su propuesta en 2024, LAARSA presentó un reclamo administrativo por L509,807.50, alegando perjuicios económicos. Pese a esta queja, fue posteriormente favorecida con una contratación directa sin concurso público, lo que podría violar principios establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
¿Qué dice la Sedh?
La única justificación recurrente en los informes oficiales fue la “imperiosa necesidad de continuar con el servicio y la nefasta consecuencia de suspender el mismo”. Sin embargo, esta urgencia no ha sido acompañada por mecanismos de transparencia, ni se ha explicado por qué se seleccionó directamente a LAARSA ni por qué los actuales beneficiarios fueron priorizados, a pesar de no ejercer labores en los sectores protegidos por ley.
Esta situación ha despertado críticas y sospechas sobre un posible uso discrecional del Mecanismo de Protección, el cual fue diseñado con un enfoque de derechos humanos, pero actualmente sirve a funcionarios de alto rango y figuras políticas.
Rechazan vínculos
Ante los recientes señalamientos que vinculan a varios funcionarios públicos con el supuesto uso de camionetas blindadas alquiladas con fondos del Mecanismo de Protección, tanto la diputada Ligia Ramos como el comisionado presidencial de Reforestación y Cambio Climático, Miguel Briceño, negaron categóricamente tener algún vínculo con estos recursos.
«Yo no uso camionetas blindadas ni uso fondos del gobierno para resguardar mi seguridad», expresó Ramos en declaraciones exclusivas a Diario Tiempo, desmarcándose de las acusaciones.
Por su parte, Miguel Briceño aseguró que no se beneficia de ese sistema desde 2021 y negó rotundamente tener vehículos asignados por el Estado. “Jamás, ni en aquel momento ni hoy, tengo un vehículo asignado ni por la Secretaría de Seguridad ni por parte del Estado. Yo trabajo en Casa de Gobierno, tengo rango de ministro y no tengo asignados vehículos del Estado”, afirmó en entrevista con este medio.
