Redacción. La administración del presidente Joe Biden ha implementado cambios en los programas migratorios que afectan a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, limitando sus opciones para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que el programa de “parole humanitario”, introducido en 2022, no será renovado para estos grupos. Esta decisión podría impactar a miles de personas que actualmente residen de forma legal y temporal en el país bajo este mecanismo.
El “parole humanitario” permitía a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante un periodo de dos años, proporcionando una vía temporal de protección frente a la deportación. Sin embargo, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), este programa no ofrece un camino directo hacia la obtención de una tarjeta de residencia (Green Card). Al concluir el periodo de dos años, los beneficiarios deberán abandonar el país o encontrar otras vías legales para regularizar su estatus.
El DHS ha indicado que aquellos que no puedan acceder a otros programas, como el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), podrían enfrentar procedimientos de deportación. El TPS permite a ciudadanos de países designados residir y trabajar en Estados Unidos debido a condiciones extremas en sus países de origen, como conflictos armados o desastres naturales. Actualmente, el TPS está disponible para ciudadanos de Haití y Venezuela, pero el estatus también está sujeto a revisiones y no garantiza la residencia permanente.
Qué es el parole humanitario y cómo afecta a los inmigrantes
El programa de “parole humanitario” se creó para ofrecer protección temporal a inmigrantes de países con condiciones adversas. Este beneficio permite la residencia legal durante un periodo limitado, pero no asegura un estatus migratorio permanente. El fin de este programa podría generar un aumento en las deportaciones y limitar las opciones de legalización.
El DHS ha identificado a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela como los principales afectados por la decisión de no renovar el parole humanitario. Estos inmigrantes, que llegaron a Estados Unidos en busca de estabilidad, ahora deben considerar otras opciones legales para permanecer en el país.
Alternativas
El DHS ha indicado que aquellos que no puedan acceder a otros programas, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), podrían enfrentar procedimientos de deportación. El TPS permite a ciudadanos de países designados residir y trabajar en Estados Unidos debido a condiciones extremas en sus países de origen. Actualmente, el TPS está disponible para ciudadanos de Haití y Venezuela, pero el estatus está sujeto a revisiones periódicas y no garantiza la residencia permanente.
En el caso de los ciudadanos cubanos, algunos podrán acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, que permite solicitar la residencia permanente después de un año y un día de presencia continua en Estados Unidos. No obstante, esta opción no está disponible para todos los cubanos, dejando a una parte de esta población en riesgo de perder su estatus legal.
Los nicaragüenses, beneficiarios del “parole humanitario”, enfrentan una situación similar. El DHS informó que la crisis política y económica de Nicaragua motivó la implementación inicial del programa. Sin embargo, al no renovarse, los beneficiarios podrían quedar en una situación migratoria incierta. El DHS señaló que las personas afectadas deben explorar otras opciones migratorias a través de los canales legales existentes.
El gobierno de Estados Unidos subrayó que continuará evaluando las condiciones en los países de origen para determinar si las designaciones de TPS y otros programas similares deben mantenerse. Mientras tanto, el DHS instó a los beneficiarios a mantenerse informados y presentar solicitudes de renovación cuando sea necesario para evitar perder su estatus migratorio.
