REDACCIÓN. El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país.
El líder de la derecha colombiana, de 73 años, recibió la máxima pena posible, en una audiencia virtual.
La jueza Sandra Heredia aseguró que la sentencia es de aplicación «inmediata» para evitar que Uribe abandone el país.
El exmandatario (2002-2010) apeló oralmente el fallo y la magistrada le dio plazo hasta el 13 de agosto para presentar sus argumentos.
«En muchas ocasiones a lo largo de este juicio, la señora juez se refirió con animosidad a mi defensa (…) Aquí no hubo respeto por nosotros (…) aquí hubo sesgo», dijo Uribe, que rechaza un juicio que considera politizado y bajo presión de la izquierda en el poder.
Su partido, el Centro Democrático, convocó a marchas el 7 de agosto en defensa de «un hombre inocente».
El expresidente, que llegó al poder cuando Colombia ardía por el enfrentamiento entre guerrillas de izquierda, escuadrones de ultraderecha y fuerzas del Estado, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares.
También lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837.000 dólares.
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Uribe es uno de los políticos más populares del país, con una imagen positiva que supera el 50% según encuestas, pero también es uno de los más controvertidos.
– «De la peor manera» –
Al comienzo de la audiencia, la jueza se preguntó de que el veredicto se había filtrado a la prensa anticipadamente y aseguró que uno de los hijos del exmandatario contribuyó a darlo a conocer.
«Protesto enérgicamente», reaccionó Uribe. «Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia».
Tras la apelación formal el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso se archivará.
Todo comenzó en 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia para asegurar que los paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.
Pero en 2018 la corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.
Dos años después, Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria.
– Impacto en la carrera presidencial –
El proceso contra Uribe se reavivó en 2024, tras la llegada de la fiscal general Luz Camargo, nombrada por el presidente izquierdista Gustavo Petro.
Uribe y Petro chocan con frecuencia sobre este caso.
Los abogados del exgobernante interpusieron una denuncia contra Petro por «hostigamiento y calumnia» ante una comisión de la Cámara baja con facultades para investigar a los mandatarios.
Los juristas aseguran que durante la semana Petro profirió acusaciones infundadas contra Uribe, atribuyéndole crímenes como narcotráfico.
Esta sentencia marca la carrera para las elecciones presidenciales de 2026, en las que el Centro Democrático busca recuperar el poder. Su líder en las encuestas, Miguel Uribe, está grave en un hospital tras un candidato brutal atentado.
Yann Basset, profesor de ciencia política en la Universidad del Rosario, dijo a la AFP que la condena podría llevar a «defender el legado de Uribe». Advirtió sin embargo, que esto podría focalizar el debate en el pasado y no en «lo que más preocupa al electorado en este momento».
Para la izquierda, señaló, es la oportunidad de «visibilizar un poco más a Iván Cepeda» ante la falta de un sucesor claro para Petro.
Cepeda, un senador de 62 años, dijo esta semana que siempre fue «reacio» a ser candidato presidencial. Sin embargo, los últimos hechos lo «obligan a pensarlo».
