Redacción. La mañana de este lunes se vivió un ambiente tenso en las inmediaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG) en Tegucigalpa, donde un grupo de pobladores provenientes del departamento de Cortés se tomó los portones principales para exigir la legalización de tierras y la pronta entrega de títulos de propiedad.
Con pancartas en mano y consignas de “¡Queremos respuestas!”, los manifestantes denunciaron que llevan años habitando y trabajando terrenos sin contar con documentación legal, situación que limita su acceso a servicios básicos y les genera inseguridad jurídica. Pese a que han solicitado la regularización en reiteradas ocasiones, aseguran que las autoridades del Instituto de la Propiedad no han dado respuestas concretas.
“Aquí tenemos tiempo de estar pidiendo que nos ayuden con los procesos de expropiación y legalización de tierra, pero no han hecho nada. En lugar de avanzar, han retrocedido. Así que nosotros le pedimos a la presidenta que nos ayude con una comisión para ponernos de acuerdo”, expresó uno de los voceros de la protesta.
La toma del CCG en Tegucigalpa fue parte de una acción coordinada a nivel nacional. Al mismo tiempo, se realizaron protestas similares en San Pedro Sula (Cortés) e Islas de la Bahía. La estrategia, según los manifestantes, busca presionar al gobierno para que atienda de forma urgente sus demandas.
Protesta intensa
Al encontrarse con los portones cerrados, un grupo de personas decidió ingresar por la fuerza, pasando por debajo de las rejas. Su objetivo es llegar hasta las oficinas del Instituto de la Propiedad. “Solo queremos que abran, solo exigimos nuestro derecho, nada más”, declaró una mujer que participaba en la acción.
Julia Carranza, otra manifestante, criticó el papel de algunos funcionarios del actual gobierno. “La presidenta Xiomara ha hecho una buena labor, pero los funcionarios que puso nos han atrasado los procesos. Colonias que ya estaban en trámite fueron retenidas, y ahora este es el pueblo enardecido”, dijo.
Los protestantes aseguran que no se retirarán hasta que se les escuche. Ellos esperan que una comisión gubernamental dialogue con ellos y dé una salida definitiva al conflicto de tierras que afecta a cientos de familias en la zona norte del país.
