Redacción. El Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, Cortés, resolvió el jueves que Katherine Yulibeth Romero Sorto, de 28 años, enfrente un juicio oral y público por suponerla responsable de delitos sexuales en perjuicio de sus dos hijastros menores.
La resolución establece la apertura a juicio y el traslado del expediente al Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, donde se realizará la audiencia para determinar la culpabilidad o inocencia de la acusada, informó el Poder Judicial.
El Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal y solicitó formalmente la elevación del caso, mientras que la defensa adelantó que durante el debate buscará demostrar la inocencia de Romero.
Acusaciones
Las acusaciones en su contra incluyen violación calificada continuada y dos cargos por otras agresiones sexuales calificadas, también en modalidad continuada.
Según el Poder Judicial, la fiscalía incorporó en la etapa preparatoria distintos elementos de prueba, entre ellos dictámenes psicológicos, evaluaciones de trabajo social, análisis de información telefónica y testimonios de los menores recogidos mediante el sistema de Cámara de Gesell.
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Actualmente, Katherine Romero se encuentra en prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, permaneciendo recluida desde hace más de tres meses. Una vez notificadas las partes, el expediente será remitido al tribunal competente para continuar con el proceso.
Captura
Las autoridades capturaron a la imputada el 26 de mayo de 2025 en las cercanías de un centro comercial en San Pedro Sula. La operación se realizó tras una denuncia presentada por la madre biológica de los menores, un niño de 8 años y una niña de 9.
De acuerdo con las investigaciones, los supuestos abusos se habrían prolongado durante seis años.
Por su parte, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) informó que, desde la denuncia, activó protocolos de protección. Los menores permanecen bajo resguardo de su padre, con acompañamiento psicológico e integral de la dependencia estatal.
Aunque familiares de la procesada han manifestado que se trata de una acusación infundada, las autoridades judiciales consideran que existen suficientes elementos para someter el caso a debate en un juicio oral y público.
