Redacción. Fátima Mena, presidenta del Partido Salvador de Honduras (PSH), anunció que presentarán un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un intento por revertir la resolución que dejó al margen al partido del proceso electoral programado para el 30 de noviembre.
“El PSH está trabajando en una acción de amparo que se presenta ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, entendiendo que tanto la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) como la del Tribunal de Justicia Electoral (TSJ) limita el derecho de elegir y ser electo, después de haber presentado en tiempo y forma las planillas que corresponden a más de 228 municipios y a los 18 departamentos de Honduras”, explicó la diputada en una conferencia de prensa.
Mena calificó la resolución del TJE como una decisión motivada por intereses políticos. “Desafortunadamente, el TJE, obediente a intereses particulares y de grupo, no garantizó los derechos de los miembros del PSH. Claramente, se impuso un acuerdo político ante el imperio de la ley”, expresó.
La dirigencia del PSH sostiene que el recurso busca que la Corte Suprema de Justicia garantice los derechos civiles y políticos de los integrantes del partido, y esperan que la Sala de lo Constitucional admita la acción en los próximos días.
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¿Por qué excluyeron al PSH?
Tanto el PSH como otros dos partidos políticos (Alianza Patriótica y Partido Naranja) quedaron al margen del proceso electoral al no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votos válidos requeridos por la Ley Electoral en los comicios de 2021. Por esa razón, el CNE resolvió cancelarles la personería jurídica.
El TJE ratificó esa decisión en su resolución 10-2025, declarando sin lugar los recursos interpuestos y afirmando que la medida se tomó “bajo los principios de legalidad, objetividad, independencia y transparencia”, negando cualquier motivación política.
Según el fallo del CNE, el PSH deberá iniciar un nuevo proceso de inscripción si desea volver a participar en futuros comicios. Mientras tanto, el partido insiste en la vulneración de derechos y que la acción de amparo busque restaurar el principio democrático de participación política.
