Redacción. Mientras el Congreso Nacional celebra lo que considera un avance legislativo, diversas organizaciones de sociedad civil, analistas y sectores políticos advierten que el proyecto de ley para la emisión expedita de licencias ambientales podría generar consecuencias graves en materia ambiental, social e institucional para Honduras.
La iniciativa, impulsada por el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, busca que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) emita licencias en un plazo máximo de 60 días; de no hacerlo, se consideraría automáticamente aprobada. La propuesta ha sido criticada por priorizar los tiempos y procedimientos sobre los criterios técnicos, el acceso a la información y la participación ciudadana.
Denominado Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental, el proyecto se someterá a un tercer debate, pero su aprobación está suspendida.
Alertan riesgos
Desde la Red Hondureña por Escazú se advirtió que el proyecto intensificaría los conflictos territoriales, favorecer la criminalización de la defensa ambiental y debilitar las salvaguardas de la naturaleza.
La analista socioambiental e investigadora del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Lucía Vijil, señaló que eso «prioriza intereses empresariales bajo el argumento de generación de empleo, dejando de lado el interés colectivo y la participación ciudadana».
También notificó que «no garantiza acceso a información de los proyectos ni detalla aspectos importantes como ubicación o extensión». A su juicio, podría aumentar la conflictividad socioambiental.
Conadeh: hay que respetar normas internacionales y derechos humanos
En un comunicado, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, expresó que, si bien reconoce los esfuerzos por modernizar y simplificar procesos estatales, estos deben ejecutarse «en estricto apego a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Honduras, no sólo en materia ambiental, sino de manera expansiva a todos los derechos humanos».
El proyecto fue analizado por la Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso, que destacó su presunta compatibilidad con tratados internacionales. Pero desde el Conadeh se alertó que al simplificarse los procesos sin un análisis previo, se «acentuarían las problemáticas que generan conflictividad ambiental en el país», entre ellas:
- La ausencia de consulta previa, libre e informada.
- La falta de fiscalización rigurosa de la actividad extractiva.
- Los vacíos y ambigüedades en el marco legal nacional.
Asimismo, informó que ha documentado «múltiples quejas» relacionadas con violaciones de derechos humanos por conflictos por licenciamientos ambientales. Lamentó que sus requerimientos de información enviados a la Serna entre 2024 y 2025 no han recibido respuesta.
Sector empresarial respalda la iniciativa
En el sector privado, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, expresó su apoyo al proyecto de ley. Argumentó que la agilización de trámites permitiría atraer inversiones inmediatas por unos 4,000 millones de dólares.
Para Qubain, reducir la burocracia facilitaría un entorno de inversión más dinámico, sobre todo para proyectos en sectores estratégicos.
Sus declaraciones, no obstante, contrastan con las preocupaciones de organizaciones ambientalistas y sectores académicos, quienes piden un análisis más profundo de las implicaciones del proyecto.
Una ley a “matacaballo”
Al respecto, el diputado Carlos Umaña, jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), mostró su preocupación por la forma en la que se pretende aprobar la iniciativa y dejó clara la postura de su partido.
«Nuestra bancada todavía no está dispuesta a acompañarla porque nosotros lo que queríamos es que se clasificara el Acuerdo de Escazú. Entonces, estamos haciendo las investigaciones de qué nos puede traer referente a este montón de licencias ambientales que están ahí», señaló.
Umaña consideró que la ley la «quieren meter a matacaballos y no sabemos a ciencia cierta las implicaciones que son estas licencias tipo piñata que quieren dar».
También recalcó que su bancada está consultando con organismos medioambientales y revisando cuidadosamente los detalles del proyecto antes de tomar una decisión. «Estamos haciendo las investigaciones y si no nos dan los chances y lo quieren introducir, vamos a votar en contra de la ley».
«Vamos a leer las letras pequeñas de las contrataciones que quieran hacer y si hay proyectos que, en lugar de mejorar el ambiente, lo van a deshacer. Y Honduras, con el cambio climático, debemos estar claros que debemos de cuidar esto», finalizó.
