Redacción. Un grupo de ambientalistas protestó en el bulevar frente a los juzgados de San Pedro Sula, luego de que la audiencia preliminar en el caso de los presuntos asesinos del ambientalista Juan López fuera reprogramada.
El portavoz de los juzgados de San Pedro Sula, Ruy Gabriel Barahona, explicó que la audiencia fue suspendida a petición de la defensa, la cual argumentó no haber tenido acceso al resultado de una pericia electrónica realizada a un teléfono. Ante ello, el juez de letras penal con jurisdicción nacional reprogramó la audiencia para el jueves 21 de agosto a las 10:00 a. m.
Los imputados, Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, enfrentan un proceso penal por el delito de asesinato en perjuicio de Juan Antonio López.
Frustración
El padre Ismael Moreno expresó su frustración ante el retraso. A pesar de que la audiencia se fijó para el 21 de agosto, los manifestantes indicaron que mantendrán las medidas de presión.
Moreno señaló que la justicia en el país es «absolutamente lenta y se aplica implacablemente contra la gente indefensa, y se interpreta permanentemente para quienes tienen poder».
Asimismo, declaró que el objetivo es que se «enjuicie a los que son sospechosos del asesinato material». Posteriormente, esperan que la investigación avance para identificar a quienes pagaron a los asesinos, organizaron el pago y, finalmente, a los autores intelectuales del crimen.
Por último, mencionó que esclarecer el caso del ambientalista es un proceso «complicado» y que los ambientalistas podrían enfrentar amenazas y peligros. Por ello, instó a las autoridades a acelerar el proceso judicial, señalando que la justicia a menudo «actúa de acuerdo a intereses, privilegios y quien tiene más dinero».
Justicia
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), pidió que profundicen en las causas estructurales que llevaron al asesinato de López. En particular, señala la apremiante necesidad de abordar los «daños ambientales. También la explotación ilegal de recursos naturales y mineros en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. Además, los actos de corrupción» que el defensor denunció «con valentía».
El crimen ocurrió a pesar de que contaba con medidas cautelares otorgadas por instancias nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
