Pedro J. Barquero-Quesada
Asumo que el gobierno y la oposición quieren lo mejor para Honduras y su sufrido pueblo. Sin la confirmación de esta hipótesis ninguna propuesta es viable venga de donde venga, y se confirmaría la sospecha de que los políticos gobiernistas y opositores: «sólo buscan satisfacer sus intereses y seguir con la impunidad y la corrupción.»
Hay dos puntos esenciales de choque que divide a los hondureños: 1) El círculo vicioso de corrupción-impunidad-corrupción; 2) El intento del Presidente de la República, ( si aún podemos llamarla República ) de entronizarse en una dictadura tipo Ecuador a toda costa.
Pero veamos, como ya dijimos, que tanto el Presidente como la oposición democrática y la oposición radical y anarquista, son buenos hondureños y por ello me permito proponerles el siguiente acuerdo:
-Se legisle y reglamente el Plebiscito contemplado en la Constitución de la República.
-Se proceda a la mayor brevedad que la constitución y la ley permitan a someter al escrutinio público, mediante dicho plebiscito a: 1) Que la sentencia que reconoce la reelección presidencial es o no es nula. 2) Que si el pueblo está o no de acuerdo que para las próximas elecciones se someta una consulta adicional (cuarta urna), para aprobar una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución de la República permitiendo la reelección presidencial en periodos alternos por una sola vez a los que ya fueron Presidentes de Honduras, pero no reelección continua.
Lo último por la idiosincracia de nuestros políticos, que con raras excepciones, no quieren dejar la silla presidencial una vez electos.
-Si el pueblo acepta o no el acompañamiento y entrenamiento de la instancia de la ONU por medio de la Cicih para que el Ministerio Público y el Sistema Judicial de Honduras procedan a mejorar sus procedimientos de investigación, análisis y enjuiciamientos apegados a la ley.
Los sucesos delictivos y de corrupción en que ayudará la Cicih se limitará a los últimos tres periodos presidenciales en adelante y no tratarán delitos políticos, ni delitos conexos con asuntos políticos, esto sin perjuicio que el Ministerio Publico contemple proceder contra actos de corrupción más antiguos.
Este plebiscito estará sujeto a una auditoría electoral, no a la simple observación de la ONU y de países que de consuno acuerden el gobierno de Honduras, partidos de oposición, sociedad Civil y los indignados, debidamente organizados.
