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jueves, abril 25, 2024

Para disminuir sicariato, en municipio de Olancho prohíben que motociclistas usen cascos

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OLANCHO, HONDURAS. Debido a la ola de violencia que ataca al municipio Santa María del Real, en el departamento de Olancho, autoridades municipales han prohibido a los motociclistas el uso del casco.

A partir de ahora, los motociclistas no podrán usar su casco en las calles y avenidas del casco urbano. La misma también se debe cumplir en el área rural del municipio. Esta medida se exceptúa en calles pavimentadas.

Cabe señalar que también se prohíbe en una misma motocicleta se conduzcan dos personas del mismo sexo.

Según dijeron las autoridades, los mayores índices de homicidios se dan en el centro de ese municipio. El argumento de la ordenanza es que los delincuentes se utilizan cascos para que no los identifique la Policía.

Dicha medida entró en vigencia el ayer jueves y la misma es por tiempo indefinido.

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Comunicado municipal íntegro.

Municipios toman medidas desesperadas

Hace una semanas, alcaldes y regidores del municipio de Talanga establecieron la semana anterior toque de queda durante 45 días como medida de seguridad debido al incremento de la violencia y el crimen en la zona.

La municipalidad dio a conocer que dicha decisión se fundamenta en el artículo 18 de la Constitución de la República de Honduras.

En ese sentido, en la sesión ordinaria se informó que a partir de las 10:00 de la noche, hasta las 5:00 de la madrugada queda prohibida la circulación de personas en carro, moto o cualquier otro medio de transporte de manera sospechosa.

Por consiguiente, se manifestó que todo residente que circule por las calles de la ciudad sin
fundamento válido y respectiva documentación será remitido a una estación policial pertinente.

En Talanga no hay «toque de queda» solo medidas de seguridad legales, según aborgado

En torno al tema de Talanga, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos explicó que aunque lo que se decretó en Talanga no tiene nada que ver con un «toque de queda», las medidas de seguridad tomadas por las autoridades municipales para evitar actos de criminalidad son válidas y legales que se basan en lo que establece la Constitución de la República.

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