Redacción. Con el propósito de evitar prácticas abusivas en estacionamientos, la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC) realiza diferentes operativos en los centros comerciales de la capital.
Ante las denuncias de los ciudadanos, la DGPC especificó que queda prohibido establecer cláusulas en los recibos, facturas o tickets que limiten los derechos del consumidor y amplíen los derechos del proveedor.
Según las autoridades, son varios los centros comerciales de la capital que se han visitado, y hasta la fecha se ha sancionado solamente a uno.
En cuanto a la sancionada, la DGPC explicó que en el establecimiento había rótulo que decía. «Estacionamiento exclusivo para clientes, caso contrario su vehículo será movilizado y debe pagar multa de L1,000 más impuesto».
Las autoridades de protección al consumidor informaron que la plaza comercial no tiene la facultad de realizar este cobro.
Sanción que se le aplicó al establecimiento
Por medio de la red social X (antes Twitter), la DGPC explicó que este negocio no está autorizado por la Alcaldía para poner chachas a los vehículos y cobrar 1,000 lempiras de multa.
Además, resaltaron que, a pesar de que el estacionamiento es privado, no se debe abusar con el cobro exagerado, aprovechándose del consumidor.
Le puede interesar: Millonaria recaudación reporta Protección al Consumidor por multas
El director de Protección al Consumidor, José Santos, recientemente dio a conocer que seguirán realizando inspecciones en todos los establecimientos de la capital con el fin de garantizar los derechos del consumidor.
Operativos de protección al consumidor
De manera simultánea, el titular de la Dirección General de Protección al Consumidor, José Santos, llevó a cabos diversos operativos en farmacias de Tegucigalpa, con el objetivo de hacer cumplir los derechos de los consumidores.
La iniciativa de la institución busca asegurar que se respeten los derechos de los adultos mayores, y se les cumpla con el descuento de la tercera y cuarta edad, tomando en cuenta además las discapacidades, según lo establece la ley.
En ese sentido, los inspectores verificaron la visibilidad de los precios, fechas de vencimiento de los productos y revisión en los libros de quejas. Asimismo, comprobaron que los establecimientos contarán con la figura de un regente colegiado y acreditado.
Santos aseguró que continuarán revisando los etiquetados de los productos vencidos o aquellos médicamente que puedan perjudicar la salud de la población hondureña.
