Redacción. La sala V del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) programó para el 19 de febrero de 2025 el juicio oral y público contra el exdiputado del Partido Nacional, Román Villeda Aguilar.
A Villeda Aguilar se le supone responsable de los delitos de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad por violación a los deberes de los funcionarios. Actualmente, goza de medidas cautelares sustitutivas de la prisión preventiva; además se le inició un requerimiento fiscal en el 2018.
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Hechos
El jueves 24 de mayo de 2018, representantes de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP) presentaron un requerimiento fiscal contra los diputados Román Villeda Aguilar y José Tomás Zambrano ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el caso ‘Pacto de Impunidad’. Pero a Zambrano se le dictó un sobreseimiento definitivo; es decir, salió libre de las acusaciones.
De acuerdo con la investigación, los requeridos realizaron conductas delictivas para violentar la voluntad del Congreso Nacional. Ambos tenían la intención de crear una ley que favorecía a los diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos, como los que podían ser investigados a futuro por similares hechos.
El caso de ‘Pacto de Impunidad’ se originó en diciembre de 2017, cuando la UFECIC presento requerimiento fiscal contra cinco exdiputados. Al caso se le denominó ‘Red de Diputados’. El requerimiento señala que cuando se celebró la audiencia inicial contra los cinco exdiputados, el Poder Legislativo modificó por adición la Ley General de Presupuesto.
Modificación
Esa modificación de la ley incluyó disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados, provocando la imposibilidad de comenzar las investigaciones contra funcionarios que habrían manejado fondos públicos mientras no culminaba la investigación por el Tribunal Superior de Cuentas en un plazo de tres años.
Ante la modificación, el Poder Judicial -a través de los Tribunales en Materia de Corrupción- determinó archivar la denuncia. Esta decisión bajo el argumento de que la acción no procedía con un enjuiciamiento debido a la nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de malversación de caudales públicos.
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Tras la acción se produjeron varias denuncias públicas, por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una fe de erratas el 25 de enero. La misiva se publicó el 26 de enero en el Diario Oficial La Gaceta, pretendiendo justificar que lo ocurrido fue producto de un simple «error» y no de un acto premeditado que provocó consecuencias jurídicas.
La MACCIH y la Ufecic-MP después consideraron que la fe de erratas contenía modificaciones que no se leyeron ni aprobaron en el Congreso. En ese sentido, el equipo integrado decidió formular un requerimiento fiscal.
