Redacción. Autoridades judiciales anunciaron la reapertura del caso relacionado a los exnotarios y exempleados del Instituto Nacional Penitenciario (INP) acusados de sustraer el dinero de las indemnizaciones a las familias de los 107 reos fallecidos el 17 de mayo de 2004 en un incendio ocurrido en el centro penal de San Pedro Sula, Cortés.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, detalló que a las partes procesales les notificaron que, por unanimidad de votos, los magistrados de la Sala de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción confirmaron el auto de formal procesamiento contra cuatro de los involucrados en el caso.
«En la parte resolutiva se explica que se declara no a lugar los recursos de apelación presentados por la defensa de Carlos René Aguilar Sevilla, Silvio Javier Morales Rodríguez, Albertina Gómez Canales y Lauriano Carbajal Rivas. A ellos se les acusa de la presunta comisión de falsificación de documento públicos y fraude», informó Silva.
Explicó que de esa manera se les mantienen las medidas cautelares (auto de formal procesamiento) para que los acusados continúen el proceso penal. Además, el tribunal confirmó el sobreseimiento provisional «que se le dictó por ese juzgado a Pedro Armando Santos y Farid Roberto Sanabria Polanco».
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Sobre el caso
Por este caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras pagar una indemnización de 317 mil lempiras a cada familia de los 107 reos fallecidos, para un total de 33 millones 919 mil lempiras.
Pero, según las acusaciones del requerimiento fiscal, 49 cheques pertenecientes al mismo número de familias se cobraron por una sola persona. El involucrado «habría actuado con poderes que nunca otorgaron a las víctimas. Incluso se encontraron inconsistencias en la documentación con las firmas y huellas, y la no autorización de muchos expedientes».
