A partir del próximo año, 2016, el Registro de la Propiedad Vehicular será prácticamente privatizado, por medio de un fideicomiso otorgado a un banco privado, que incluirá todo lo relacionado con la inspección de vehículos, emisión de licencias, distribución de placas, cobro de multas y certificación de propiedad.
De esta manera, la entidad estatal encargada hasta ahora de estas funciones y tramitaciones, la Dirección General de Tránsito (DGT), pasa a ser simple policía de calle, bagazo de caña, podría decirse metafóricamente, y una incidencia menos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
El anuncio de este paso privatizador lo hizo el presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad (IP), Eval Díaz, con lujo de detalle. Un instrumento público-privado que hace juego con la privatización de las vías troncales de comunicación terrestre, a través del pago de peaje, y de los aeropuertos.
El super-secretario de Estado Eval Díaz ha informado, en lo correspondiente al cambio de placa para los vehículos automotores, que se trata de un nuevo registro electrónico —de última generación—, cuyo dispositivo permitirá la ubicación de las máquinas a través de un sistema de radiofrecuencia. Se podrá detectar, en cualquier momento, dónde está el coche o la motocicleta, y cuándo entra o sale de la ciudad… con todo y conductor, por supuesto.
La supuesta justificación de este atentado a la privacidad individual es, como suele suceder en estos tiempos, la seguridad de las personas, en el marco de la lucha contra el crimen organizado y demás. En realidad, se trata de un control extraordinario de la población, dentro del modelo de “contrainsurgencia”, que es una forma actual de fortalecer lo que se denomina “estado de excepción” permanente.
Es obvio que esta clase de dispositivos de control poblacional tienen diversos objetivos, principiando con la aplicación del modelo neoliberal a ultranza, que despoja al Estado de las fuentes regulares de tributación, pero que también configura un cambio radical del principio constitucional de defensa nacional —con su separación típica interna y externa— por el de “seguridad nacional”, que diluye los límites interno-externo, lo mismo que la soberanía (tanto la popular como la del Estado-nación).
La libertad individual, también garantía constitucional, va siendo sistemáticamente vulnerada con leyes aparentemente orientadas al bienestar y al orden público, como la de la comunicación social, la de seguridad social, la “picapiedra, la de secretismo estatal y la de las empresas público-privadas, con un claro significado del régimen fascista impuesto en Honduras, que cierra el paso al desarrollo democrático exigido por la nación hondureña, y, por supuesto, promete —a corto o a mediano plazo— estallidos libertarios de violencia.
