James Ward, que tuvo una adolescencia problemática, estaba a punto de cumplir una condena de un año por lesiones graves tras un altercado con su padre cuando recibió una sentencia adicional de 10 meses por prender fuego el colchón de su celda. Sin embargo, ahora, a los 31 años, sigue en la cárcel abogando sin éxito por su libertad, informa la BBC.

El tipo de sentencia que le impusieron al joven, Encarcelamiento para la Protección Pública (Imprisonment for Public Protection, IPP), prevé proteger a la sociedad de los delincuentes que representan una amenaza y son demasiado peligrosos como para ser liberados cuando la sentencia original está a punto de expirar.

Se estima que en el Reino Unido unos 4.000 presos que recibieron una IPP continúan encarcelados y alrededor de 400 han cumplido el período mínimo más de cinco veces.

La familia de Ward teme por la vida y la salud del joven, a quien le cuesta enfrentar el día a día en la cárcel. «La prisión no está adaptada para dar lugar a gente como yo, con problemas mentales. Yo he empeorado», confesó Ward en una carta al programa ‘Today’ de la BBC. «Me levanto cada mañana con miedo de lo que pueda pasar ese día», añadió el joven y señaló que se siente «atrapado en una caja».

El exministro de Justicia del Reino Unido, Kenneth Clarke, comentó que el problema de este tipo de sentencias, abolida en 2012, es que los prisioneros tienen que comprobar que ya no representan un peligro para el público. «Ningún prisionero puede comprobar eso.

Nunca se sabe cuándo alguien va a perder el control o qué va a ocurrir cuando hayan sido liberados», explicó Clarke, quien consideró la controvertida sentencia como una «mancha» en el sistema de la justicia criminal.

RT