Redacción. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), logró una sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra Christopher Jair Velásquez Irías, quien fue hallado culpable del delito de extorsión agravada tras hacerse pasar por funcionario del MP y persona de confianza del fiscal general Johel Antonio Zelaya.
La FESCCO, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), obtuvo la condena mediante un procedimiento abreviado. Además de la pena privativa de libertad, autoridades sancionaron al ahora condenado con la inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure su condena y con el pago de una multa de 1,655,000.00 lempiras.
Lea también: Cae supuesto extorsionador que usurpaba identidad de fiscal del MP
Los hechos se remontan a mediados de 2024, cuando Velásquez se presentó ante los propietarios de una agencia aduanera como supuesto fiscal del MP. Aprovechando la falsa identidad y simulando tener vínculos directos con el fiscal general, les hizo creer que existía una denuncia por contrabando en su contra, presuntamente presentada ante la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Expediente investigativo
Durante varios encuentros, Velásquez usó información falsa y manipuló el miedo de las víctimas al afirmar que el MP presentaría acusaciones penales con o sin pruebas. Bajo esa amenaza, exigió la suma de ciento cincuenta mil lempiras a cambio de archivar la supuesta denuncia. Además, presuntamente, dijo que era para evitar un escándalo mediático que, según él, dañaría irreparablemente la reputación del negocio.
Las víctimas, presionadas psicológicamente y con temor por las consecuencias legales y mediáticas, accedieron a la extorsión. El 8 de octubre de 2024 entregaron el dinero, lo que permitió documentar y consolidar la acusación penal que condujo a su captura y posterior enjuiciamiento, según el expediente investigativo.
Con esta sentencia, el MP reafirma su compromiso de combatir frontalmente el crimen organizado y los delitos que atentan contra la institucionalidad. La FESCCO subrayó que estos actos delictivos no quedarán impunes, sobre todo cuando se usan instituciones del Estado para generar temor y obtener beneficios ilícitos.
