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domingo, diciembre 22, 2024

Dictan prisión preventiva a exinterventora del INP por desvío de L7 millones

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Redacción. El Juzgado con Jurisdicción Nacional en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción celebró hoy martes, 23 de enero, la audiencia inicial contra Karla Patricia Pavón Bustillo, por suponerla responsable de 33 delitos de falsificación de documentos públicos en el caso del INP.

Además, la acusan de 18 delitos de fraude, uso de documentos falsos en concurso ideal y 15 delitos de estafa agravada, en perjuicio de la Administración Pública.

A Pavón Bustillo la capturaron hace cinco días y le dictaron auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva. La remitieron al Centro Penitenciario Femenino, ubicado en el valle de Támara, Francisco Morazán.

Su audiencia preliminar se agendó para el día miércoles 7 de febrero de 2024, a las 10:00 de la mañana.

Comunicado oficial del Poder Judicial.

Corrupción

El Ministerio Público (MP) informó el pasado martes 28 de febrero el avance en la investigación del caso de corrupción del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

La fiscalía establece que desviaron 7 millones 140 mil 529 lempiras con 62 centavos (7,140,529.62) destinado a las familias dolientes de los 104 privados de libertad que murieron en el incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004, en la cárcel de San Pedro Sula.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligó al Estado de Honduras a pagar la indemnización a los familiares de las víctimas. Cada uno de los familiares tuvo que recibir la cantidad de 317 mil lempiras.

«La exinterventora investigada, haciendo uso de una carta poder, cobró los fondos, que le fueron entregados», comunicó la Fiscalía del Estado.

El fraude lo habrían realizado «a través de 49 cheques emitidos por el Banco Central de Honduras (BCH). Recursos a los que en parte les habría dado otro uso para un provecho personal», agregó.

Por otra parte, al caso se le dio seguimiento en el marco de la Operación Poseidón II, realizado bajo 20 diligencias prejudiciales.

También aportó la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetcoop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

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