Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de que venza el plazo legal para la declaratoria oficial de las elecciones generales este 30 de diciembre del 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta uno de los momentos más críticos del proceso.
El cierre del proceso electoral está marcado por retrasos en el escrutinio especial, disputas municipales y una creciente confrontación política que amenaza con escalar a un conflicto institucional.
La Ley Electoral de Honduras establece con claridad los tiempos que deben cumplirse para cerrar oficialmente el proceso de los comicios.
El artículo 284 señala que el Consejo Nacional Electoral debe realizar la declaratoria oficial de elecciones generales a más tardar treinta días calendario después de efectuados los comicios. Asimismo, establece ordenar al día siguiente su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
La normativa también obliga al CNE a comunicar formalmente los resultados a los poderes del Estado y a las organizaciones políticas participantes, mediante certificación íntegra del acta del escrutinio general.
Este plazo legal coloca al órgano electoral en una cuenta regresiva decisiva, en momentos en que aún se desarrollan escrutinios especiales y persisten desacuerdos entre los propios consejeros.
Escrutinio especial
El proceso de escrutinio especial, aprobado por el pleno del CNE para varios niveles electivos, presentó nuevos retrasos el lunes 29 de diciembre.
En el turno A, el inicio del escrutinio de 20 maletas electorales pendientes del nivel de diputaciones y correspondientes a cuatro departamentos, no pudo realizarse a la hora prevista.
Debido a esa situación, el proceso fue reanudado hasta alrededor de las 11:00 de la mañana, solo con 30 mesas, según confirmaron fuentes del órgano electoral.
Posteriormente, el ingreso del turno B se realizó de manera normal, permitiendo la continuidad del escrutinio especial conforme a lo programado, comenzando con las corporaciones municipales agregadas al proceso.
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Municipalidades
En medio de este contexto, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López emitieron un memorándum instruyendo la realización de escrutinios especiales en 65 corporaciones municipales. Entre ellas, el Distrito Central, una de las alcaldías más disputadas del país.
El documento, fechado el 29 de diciembre de 2025, fue remitido a la Secretaría General del CNE y responde a una comunicación enviada por la empresa auditora CGTS CORP.
En dicha comunicación se actualiza el listado de municipios en disputa de cara al escrutinio especial.
Las consejeras argumentaron que, ante la estrechez de los resultados en varias municipalidades y la premura del tiempo, resulta procedente ejecutar los escrutinios especiales conforme a criterios técnicos previamente establecidos.
Según el memorándum, la decisión se fundamenta en las recomendaciones técnicas de la empresa auditora, aplicando criterios como la carga electoral y márgenes de diferencia iguales o inferiores al 5 % entre los candidatos.
Para agilizar el proceso, Hall y López instruyeron que los escrutinios especiales inicien de inmediato y de manera simultánea. Lo harán con una distribución específica del trabajo entre las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) ya constituidas.
La mitad de estas juntas deberá encargarse del escrutinio especial de 64 corporaciones municipales, comprendidas del numeral 1 al 3 y del 5 al 65 del listado adjunto. La otra mitad se destinará exclusivamente al Municipio del Distrito Central, identificado como el numeral 4, debido a su alta carga electoral y complejidad operativa.
El pulso por la alcaldía del Distrito Central
Uno de los focos principales de la tensión electoral es la alcaldía del Distrito Central, donde la diferencia entre los dos principales candidatos es mínima.
De acuerdo con los datos oficiales del CNE, el sistema registra un avance del 99.80 %, con 2,436 de 2,441 actas procesadas, de las cuales 430 presentan inconsistencias.
El candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, acumula 164,465 votos, equivalentes al 38.01 %. Por su parte, el aspirante de Libre, Jorge Aldana, registra 163,577 votos, con un 37.81 %.
La diferencia es de menos de mil votos, lo que ha convertido al Distrito Central en un escenario clave del conflicto postelectoral.
«Lo correcto»
El candidato de Libre, Jorge Aldana, defendió la necesidad de realizar el escrutinio especial en la capital, asegurando que es la única forma de garantizar la transparencia del proceso.
“No voy a negar que han sido días de mucha desinformación y mucho lobby político para evitar que se contaran estas actas. Al final, era lo correcto y lo justo hacerlo. Es la única manera de que, contando las 430 actas del Distrito Central, podamos garantizar la transparencia electoral”, expresó.
Aldana aseguró que, de confirmarse la validez de las actas observadas, está convencido de que resultará ganador.
También afirmó que una auditoría externa contratada por el propio CNE muestra datos muy similares a los manejados por su equipo, lo que, según dijo, refuerza su confianza en el resultado.
Oficialismo desconoce eventual declaratoria
Mientras avanza el escrutinio especial, el oficialismo ha endurecido su postura en contra de la declaratoria de elecciones.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, advirtió que no reconocerán una declaratoria que, a su juicio, no cumpla con los requisitos legales.
Redondo citó el artículo 205 de la Constitución de la República, que faculta al Congreso Nacional para realizar el escrutinio y declarar la elección de autoridades cuando el CNE no lo haya hecho.
Según el titular del Legislativo, el tiempo perdido y las decisiones adoptadas durante el proceso ponen en duda la legalidad de una declaratoria emitida en estas condiciones.
«Lo que le da legalidad a la declaratoria, ya no le da tiempo a los consejeros por el tiempo que se ha perdido. Sobre todo por las decisiones que se tomaron en el margen de la Constitución y de las leyes», dijo.
Protestas y firma
Simpatizantes del partido Libre se manifestaron en las afueras del CNE, exigiendo que se realice el escrutinio especial en el Distrito Central.
Durante la protesta, el consejero Marlon Ochoa reiteró que no firmará la declaratoria oficial, afirmando que hacerlo sería legitimar un proceso con el que no está de acuerdo.
“Mi firma le pertenece al pueblo, no se alquila ni se vende. Firmar sería legitimar todo”, expresó el funcionario, evidenciando la profunda división interna dentro del órgano electoral.
Con el plazo legal prácticamente agotado, el CNE se enfrenta a un escenario de alta presión política, social e institucional.
La declaratoria oficial de elecciones, lejos de representar el cierre natural del proceso democrático, se perfila como un nuevo punto de conflicto entre fuerzas políticas. Las implicaciones podrían trascender al ámbito legislativo y constitucional.
Las próximas horas serán determinantes para definir si el país entra en una nueva etapa de estabilidad institucional o si se abre un periodo de incertidumbre marcado por disputas legales y políticas en torno a la legitimidad de los resultados electorales.
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