Tegucigalpa, Honduras.- Con el secuestro de documentos en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y con la exposición de presuntos audios de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, que la inculparían en un supuesto plan para boicotear las elecciones, el fiscal general del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya, intensificó su “cacería”.
Este martes 29 de octubre, Zelaya ofreció una conferencia de prensa donde confirmó el inicio de una exhaustiva investigación sobre las acusaciones contenidas en las grabaciones de audios y la denuncia presentada por el consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.
Según lo expuesto ante medios de comunicación, en los audios se evidencia un supuesto plan entre Cossette López, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y un militar activo de las Fuerzas Armadas aún no identificado, para boicotear el proceso electoral del 30 de noviembre.
“Las grabaciones demuestran plenamente la existencia de una asociación ilícita entre una consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral, un diputado propietario del Congreso Nacional y un militar activo de las Fuerzas Armadas, para alterar la voluntad popular del pueblo, imponiendo un resultado en el nivel electivo presidencial el domingo 30 de noviembre”, dijo Zelaya.
El fiscal señaló que cualquier intento deliberado de manipular o alterar los resultados electorales constituye un grave atentado contra la democracia, tipificado como un delito de traición a la patria. Afirmó que dicha conducta es punible y la responsabilidad puede ser determinada de oficio o a petición de cualquier ciudadano.
TJE
Mientras el fiscal presentaba los audios, la Dirección Policial de Investigación (DPI), junto a personal del MP, ingresaba a las instalaciones del TJE, realizando un secuestro de documentos físicos y digitales. Además, los fiscales citaron a unos 15 empleados a declarar ante el MP.
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“Me quieren sacar”
Cossette López ofreció declaraciones ante medios de comunicación tras la exposición de los audios, afirmando que no es su voz y que solo buscan sacarla de su cargo y del proceso electoral.
“No sabía que mi voz sonaba con acento extranjero, ya quisiera poder hablar con más pausa, pero siempre me acelero… En cuanto lo que empecé a escuchar, dije, bueno, por lo menos estamos tranquilos de que no es verdad que nos escuchen, porque esas ni siquiera son mías, esas son falsificaciones y, como dije, lo más grave es que personas que tienen una investidura en el país tengan el atrevimiento; son unos atrevidos corruptos», dijo.
López afirmó estar tranquila porque con los audios se evidenció que “no son escuchas, sino que crearon los audios. No sé a quiénes pretenden imitar con esas voces”.
“Están dispuestos a todo, hay un nivel de desesperación eminente, y no conocen límites en términos ni de ética, ni de moral, ni de ley, ni de nada… Están dispuestos a aplicar todo el uso de su poder proporcionado y todo un conjunto de armas corruptas. Definitivamente, son personas que tienen un divorcio con la moral y con la ley, impresionante», apuntó.
Protección
Ante los distintos hechos ocurridos en los órganos electorales, la consejera presidenta del CNE, Ana Pola Hall, afirmó que los consejeros están protegidos ante cualquier acción que intente interrumpir sus funciones.
“La prerrogativa garantista del Artículo 234 constitucional protege a los consejeros y consejeras de cualquier acción tendiente a interrumpir funciones o a vulnerar facultades que corresponden al órgano electoral”, escribió.
Sostuvo que “¡El CNE es la autoridad electoral y debe respetarse el ejercicio de sus funciones: hacer elecciones!”.
«No soy yo»
Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, negó que los audios correspondieran a su voz, y afirmó que fueron hechos con inteligencia artificial.
“Los audios que han presentado, no soy yo, no es mi voz; el que conoce mi voz sabe que no es Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, hablando en esos audios”, dijo.
Zambrano acusó a Marlon Ochoa de cometer un delito al manipular los audios presentados ante el Ministerio Público y cuestionó los motivos detrás de su divulgación. A la vez, expuso que cualquier perito nacional o internacional podrá verificar la falsedad de los audios.
“Libre desesperado, Libre sabe que perdió la elección, Libre es el único interesado en boicotear la elección. Partido Nacional y la oposición le apostamos a las elecciones. ¿En qué cabeza cabe que la oposición política va a boicotear el proceso electoral? El boicot al único que le favorece es a Libertad y Refundación”, apuntó.
Agregó: “Quieren silenciar a la consejera Cossette, quieren silenciar al jefe de bancada, que hemos sido oposición, que hemos sido defensores del pueblo hondureño, defensores de la democracia. Nuestra garantía, nuestro compromiso es que tengamos elecciones democráticas el 30 de noviembre”.
Zambrano, en conferencia de prensa desde la sede del Partido Nacional, tildó al consejero Ochoa, como un “mandadero de Libertad y Refundación (Libre)”. Finalizó recalcando que “el interés de Libre es nombrar sus sustitutos a través de la Comisión Permanente”.
Democracia
Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, en conferencia de prensa desde la sede de la institución política, aseguró que si atentan contra la democracia habrá un pueblo enardecido.
«Hemos estado oyendo durante meses las amenazas a la democracia de Honduras. Solo quiero decirles una cosa, le están apuntando con una pistola cargada a la democracia; si le jalan el gatillo, van a ver un pueblo enardecido”, manifestó.
Piden renuncia
Sobre el tema, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, se pronunció y pidió al fiscal general proceder en contra de los involucrados. Paralelamente, exigió a López renunciar a su cargo.
“Exijo que el fiscal general actúe con toda la fuerza de la ley, y que la consejera López renuncie de inmediato y se ponga a disposición de los investigadores, porque nadie que participa en una conspiración de tal magnitud tiene legitimidad para ejercer un cargo como autoridad electoral”, escribió.
Por su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, salió al paso y también solicitó a la consejera que dejara su cargo por los audios que expuso el fiscal.
“Somos optimistas de que el 30 de noviembre vamos a tener elecciones transparentes, pacíficas, democráticas. Esto que ha sido denunciado y comprobado, pueda realmente servir para que en estos últimos días se puedan corregir estos errores”, indicó.
Continuó: “Una de las correcciones que tiene que haber es que la consejera Cossette López debe renunciar a su puesto.
No hay expertos
El ingeniero en Informática, Eddy Ordóñez, explicó que Honduras no cuenta con las herramientas ni con los expertos necesarios para identificar si audios o videos están hechos con inteligencia artificial (IA).
El experto comentó que el país ha solicitado, en otros casos, ayuda a naciones extranjeras para procesos de verificación. “Con los audios se tiene que mandar a hacer un estudio y análisis a instituciones especializadas para determinar esto. Existen las herramientas para determinar si una voz se generó de manera natural o generada artificialmente”, indicó.
Ordóñez sugirió que, en el caso de la consejera del CNE, Cossette López, resulta fácil clonar su voz por la cantidad de material auditivo que existe de ella. “Hay algo que se llama análisis espectral forense del audio. Así como existen los análisis forenses para las firmas, también existen los análisis forenses para audios”, aseveró.
Honduras no hay un experto en audios fabricados con inteligencia artificial. Cabe “preguntarnos qué análisis se realizaron a esas voces para determinar que son reales”, cerró.
Trazabilidad
Mario Cerna, experto en seguridad digital, dijo para un medio de comunicación que se debe determinar el origen de los audios para confirmar o descartar si fueron alterados con IA.
“El uso de este audio como evidencia requiere trazabilidad. Hay que saber cómo se grabó el audio, quién es la fuente original, porque esto va a determinar qué herramienta se utilizó en caso de que haya sido manipulado”, explicó.
Detalló que escucharlos es uno de los procesos a realizar para determinar si tiene IA y señaló que en el país hay un vacío legal para la regulación de la IA. “Los expertos en lingüística forense tienen que evaluar el tema de la dicción, el ruido de fondo, las palabras que se utilizan”.
Pruebas ilícitas
Kenet Madrid, abogado y analista, señaló que los órganos de justicia están siendo utilizados para presionar al sector político. Además, explicó que para procesar a un juez electoral, el Código Procesal Penal establece que se le debe aplicar un antejuicio previo a imponerles un requerimiento fiscal.
“Es lamentable que el MP exponga evidencias en público ante los medios de comunicación cuando eso es totalmente ilegal; el Código Procesal Penal lo prohíbe. Las pruebas son analizadas científicamente y verificadas si fueron autorizadas por un juez competente… Es lamentable que con pruebas ilícitas se persiga a la clase política por los medios; solo muestra que estamos ante una desfiguración total del sistema penal”, manifestó.
Madrid es del criterio de que si el MP presenta requerimientos fiscales en contra de los consejeros o magistrados, solo estaría “demostrando y corroborando la tesis de que está siendo instrumentalizado por la clase política oficialista, y ya no tendríamos esperanzas los hondureños”.
Intimidación
Por su parte, la abogada Ruth Lafosse criticó que el fiscal utilice pruebas ilícitas y su poder, para generar incertidumbre.
“Lo extraño y lo criticable es que un fiscal general utilice una prueba ilícita para pretender crear una verdad, envenenando el proceso. Es cuando utiliza su poder, de fiscal, con un interés o efectos de carácter ilícito. En este caso ha violentado los derechos del debido proceso, el derecho fundamental de privacidad de las personas y el derecho de la autorización de un juez natural antes de hacer uso de ella”, dijo.
Lafosse aseguró que Zelaya está buscando crear una verdad que no es real y que, con la exposición de pruebas, violentó los derechos de los involucrados.
TJE
En horas de la noche del martes 28 de octubre, mismo día que se aprobó la resolución de dos casos de los diputados Jorge Cálix y Cristhian Villalobos en un pleno por mayoría, la magistrada Miriam Barahona aseguró que el MP tenía dos requerimientos fiscales en su contra y del magistrado Mario Flores Urrutia.
En horas de la mañana del 29 de octubre, el MP, junto a la DPI, realizó el secuestro de documentos. Mientras ocurría la intervención, Flores Urrutia denunció que su casa estaba acechada por vehículos sospechosos.
«El único objetivo del partido de gobierno es desintegrar los órganos electorales. Consecuentemente, no llevar a cabo el proceso electoral que se realizará el 30 de noviembre», apuntó.
Cabe recordar que el magistrado Mario Morazán denunció a sus dos compañeros, Flores y Barahona, ante el MP por supuestas irregularidades en sesiones del TJE y las resoluciones emitidas por mayoría.
En cuanto a los empleados, llegaron en horas de la tarde al MP para declarar. Juan Carlos Sánchez, apoderado legal de empleados del TJE, manifestó: “Hemos promovido amparos para garantizar procesos de defensa. Cualquier decisión que sea por un órgano jurisdiccional debe respetarse y acatarse».
