Redacción. El pasado 9 de marzo, las elecciones primarias en Honduras se vieron empañadas por una serie de irregularidades, especialmente las relacionadas con el traslado del material electoral, en las que estarían involucrados funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.).
La jornada electoral estuvo marcada por retrasos en la entrega del material electoral en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que obligó al CNE a extender el horario de votación hasta la madrugada en algunas zonas.
También se reportaron denuncias de fallas en el transporte de maletas electorales y hasta hubo acusaciones de boicot.
En respuesta, el Ministerio Público inició una investigación, que determinó que estas anomalías habrían causado un perjuicio económico superior a 64 millones de lempiras al Estado, además de comprometer la transparencia del proceso electoral.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal general Johel Zelaya explicó que la Unidad Especial contra Delitos Electorales ha estado investigando diversos aspectos del proceso electoral, incluido el manejo del transporte del material electoral y los costos asociados.
Los requeridos son:
- Joel Ramos García, excoordinador del Proyecto Transporte del CNE
- Raúl Amílcar Rivera Montoya, miembro de la Comisión Evaluadora del CNE.
- Denis Emilio Hércules Rosa, miembro de la Comisión Evaluadora del CNE.
- Juan Carlos Canales Lobo, miembro de la Comisión Evaluadora del CNE.
- José Martín Pastrana Sánchez, miembro de la Comisión Evaluadora del CNE.
- Carlos Salomón Fonseca Robles, representante legal de Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V.
Los delitos que se les imputan incluyen:
- Fraude.
- Violación de los deberes de los funcionarios.
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
A estas personas se les requirió de inmediato por suponerlas responsables de las anomalías en el contrato de transporte, lo que provocó un caos en la distribución del material electoral, afectando el desarrollo del proceso y generando desconfianza en la ciudadanía.
Fallas en la contratación del transporte electoral
Uno de los puntos clave de la investigación, de acuerdo con las investigaciones del MP, es el contrato con la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., adjudicado por un monto de L64,789,021.78.
El Ministerio Público determinó que la empresa no contaba con la flota vehicular necesaria para cumplir con el contrato. Según los pliegos de condiciones, debía disponer de:
- 143 furgones de 48 pies.
- 497 camiones de 24 pies.
- 82 camiones livianos de 12 pies.
Sin embargo, las investigaciones del ente acusador revelaron que solo contaba con 10 cabezales y dos camiones.
A pesar de esta evidente incapacidad, la Comisión Evaluadora del CNE aprobó la contratación sin declarar fracasado el proceso ni aplicar sanciones. Además, se constató que el uso de buses para el traslado del material electoral no estaba contemplado en el contrato.
El fiscal Zelaya señaló que Joel Ramos García, excoordinador del Proyecto Transporte del CNE, presentó un estudio donde estimaba un costo de 43 millones de lempiras para el servicio, pero la empresa contratada elevó el monto a más de L64 millones, superando en más de L21 millones el presupuesto original.
El contrato fue firmado el 7 de marzo de 2025, apenas dos días antes de las elecciones, lo que dejó poco margen para corregir cualquier fallo.
Argumentos de la Fiscalía
El Ministerio Público sostiene que la contratación fraudulenta de la empresa transportista perjudicó la logística electoral y puso en riesgo el proceso democrático. Además, asegura que hubo complicidad de los funcionarios del CNE para beneficiar a la empresa contratada.
Asimismo, el MP considera que la falta de una planificación y logística adecuada hizo que las maletas de votación no estuvieran listas a tiempo para ser distribuidas en las rutas establecidas.
“Los testigos manifiestan que el material no estaba confeccionado a tiempo, se tuvo que cargar más, porque no había espacio físico en el lugar de almacenamiento. Las maletas del Distrito Central tuvieron que irse cargando en cada ruta, lo que causó un desorden y atrasos”, explicó Zelaya.
Además, destacó la falta de una inspección efectiva por parte de la comisión evaluadora, lo que contribuyó a la desorganización del proceso.
Acusados
Solo tres de los seis acusados se han presentado tras los requerimientos fiscales en su contra. Dos de ellos lo hicieron de manera voluntaria, mientras que uno de los implicados ha sido enviado a prisión temporal mientras se lleva a cabo el proceso legal.
Presentación voluntaria de Denis Emilio Hércules Rosa
Uno de los que se presentó voluntariamente luego de que su solicitud fue aceptada por las autoridades, fue Denis Emilio Hércules Rosa, miembro de la Comisión Evaluadora del CNE.
De acuerdo con Selvin López, abogado de Denis Emilio Hércules Rosa, su cliente solicitó presentarse voluntariamente ante las autoridades judiciales tras el requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público relacionado con un caso de contratación fraudulenta en el transporte de material electoral.
López destacó que esta acción demuestra la disposición de Hércules Rosa para someterse al proceso judicial y subrayó que ha cumplido con todas las etapas previas de la investigación.
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El abogado reafirmó que este gesto refuerza la voluntad de su cliente de colaborar con el proceso y garantizar una defensa adecuada.
Además, López explicó que, como en las fases anteriores de la investigación, Hércules Rosa comparecerá nuevamente ante el juez para ejercer su derecho a ser defendido, acceder al expediente y preparar su defensa, solicitando oportunamente una audiencia de declaración de imputado.
Asistencia de Carlos Salomón Fonseca Robles
Por otra parte, el empresario del sector transporte, Carlos Salomón Fonseca Robles, se presentó voluntariamente ante los tribunales en relación con las irregularidades en la contratación del servicio de transporte para las elecciones primarias del 9 de marzo.
Su abogado defensor, Teodoro Bonilla, explicó que esta acción muestra la disposición de Fonseca para enfrentar el proceso judicial, destacando que su cliente no ha defraudado al Estado.
Según la defensa, Fonseca Robles cumplió con el contrato firmado con el Consejo Nacional Electoral (CNE), y el problema logístico que surgió el día de las elecciones no fue culpa de la empresa, sino de factores externos.
Bonilla también aclaró que el uso de autobuses tipo «rapiditos» fue aprobado por el CNE debido a una necesidad urgente en la distribución del material electoral. Además, enfatizó que Fonseca Robles no actuó de manera fraudulenta, ya que el CNE estaba al tanto de las condiciones del servicio brindado.
El abogado insistió en que su cliente no necesita una orden de captura y que se presentará en la audiencia cuando el juez lo determine. «Don Carlos estará ahí dando la cara», concluyó Bonilla, dejando claro su compromiso con el proceso judicial.
Implicado Juan Carlos Canales
Juan Carlos Canales, miembro de la Comisión Evaluadora del CNE, fue el único al que le giraron detención judicial, por estar señalado como uno de los sospechosos de cometer delitos electorales relacionados con las elecciones primarias del 9 de marzo.
Canales guardará prisión en el Centro Penitenciario Nacional de Támara como medida preventiva mientras se espera la audiencia inicial, programada para el 4 de abril. Él se convierte en el primer detenido en relación con las irregularidades ocurridas durante los comicios electorales.
La defensa de Canales argumentó su inocencia, sugiriendo que las acusaciones podrían estar motivadas por intereses políticos. La abogada afirmó que su cliente solo formaba parte de una comisión que recomendaba acciones al CNE, pero que las decisiones finales las tomaba el órgano colegiado.
Además, defendió que las irregularidades en la distribución del material electoral no fueron responsabilidad exclusiva de su cliente.
Credibilidad de las FF. AA.
El exjefe de las Fuerzas Armadas, René Osorio Canales, afirmó que la ciudadanía hondureña debe confiar en la institución castrense, destacando que los problemas provienen de los oficiales o comandantes individuales, no de la institución en sí.
«Lo importante es que la población debe tener confianza en las Fuerzas Armadas. No es la institución sino los hombres que pasan, que dejan una huella positiva y negativa», expresó Osorio. A lo largo de sus 35 años en las Fuerzas Armadas, participó en varios procesos electorales y fue jefe del Estado Mayor Conjunto.
Osorio lamentó que los incidentes ocurridos el 9 de marzo durante las elecciones primarias estén afectando la imagen y el prestigio de las Fuerzas Armadas. Aseguró que la institución es permanente, pero los hombres son transitorios.
«Los comandantes deben aceptar que hubo un problema el 9 de marzo, y dejar al Ministerio Público que investigue y determine cuál fue el origen del problema», indicó el exjefe militar.
Concluyó su intervención afirmando que lo importante para las elecciones generales de noviembre es asegurar unos comicios democráticos y que las Fuerzas Armadas desempeñen su rol correctamente.
Impacto en la credibilidad del proceso electoral
El caso ha generado una nueva crisis de credibilidad en el sistema electoral hondureño. La falta de transparencia y las anomalías detectadas han aumentado la desconfianza de la ciudadanía en la institucionalidad electoral.
Las primarias evidenciaron problemas en la organización del proceso, lo que genera dudas sobre la preparación para las elecciones generales de noviembre.
Ante esta problemática, Diario Tiempo se contactó con el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arístides Mejía, quien considera que la investigación de la Fiscalía sobre las irregularidades del 9 de marzo es necesaria, pero advierte que debe realizarse de manera objetiva y sin motivaciones políticas.
“Indudablemente, la Fiscalía debe investigar lo que ocurrió el 9 de marzo, porque ahí se pudieron haber cometido delitos electorales. Sin embargo, esta medida debe ser estrictamente profesional y apolítica, porque, de lo contrario, se puede interpretar de mala manera y crear más incertidumbre sobre el proceso electoral”, señaló.
Además, alertó que estas irregularidades afectan la credibilidad del sistema electoral y la percepción de que Honduras no avanza en la organización de sus comicios. “Todo lo que es irregularidad, todo lo que ha ocurrido desde las elecciones para acá, le resta credibilidad y da la idea de que Honduras no evoluciona. Siempre estamos en elecciones al estilo Honduras”, agregó.
Medidas ante los próximos comisión
Para evitar que estas fallas se repitan en los comicios generales de noviembre, Mejía enfatizó que se deben tomar medidas concretas para garantizar la transparencia del proceso.
“Lo primero es establecer la verdad de las responsabilidades. En segundo lugar, tomar medidas que sean creíbles para la población y aseguren que esto no vuelva a ocurrir. Y tercero, permitir que la contienda regrese a la normalidad, como una verdadera competencia entre los partidos”, explicó.
A su juicio, la claridad en los resultados de las elecciones primarias evitó un conflicto mayor, pero aún persiste la desconfianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Por ello, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar un proceso electoral transparente en noviembre.
Además, para prevenir que este tipo de problemas se repitan, varios expertos enfatizaron que es necesario fortalecer la supervisión de los procesos de contratación dentro del CNE.
Otras medidas recomendadas
- Auditorías independientes sobre la adjudicación de contratos.
- Mayor transparencia en la selección de empresas proveedoras.
- Sanciones más severas para funcionarios que incumplan sus deberes.
- Participación de organismos internacionales en la supervisión electoral.
- Capacitación al personal administrativo y al persona encargado de la distribución de papeletas electorales.
- Mejorar el sisma de distribución de las papeletas, entre otras.
El impacto de las investigaciones en curso podría tener repercusiones directas en las elecciones generales de noviembre. La confianza de los votantes ya se ha visto afectada, y la capacidad del CNE para organizar un proceso transparente está en duda.
Las próximas semanas serán clave para determinar si el sistema electoral puede recuperar la credibilidad o si, por el contrario, este escándalo aumentará la incertidumbre política en el país.
