Redacción. El abogado hondureño José Tercero Midence, experto en derecho penal con sede en Texas, aseguró que la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños es una decisión legalmente sustentada, ya que la Constitución de Estados Unidos otorga al presidente poderes plenarios en materia de relaciones exteriores y política migratoria.
“El artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos dice que el presidente tiene poderes plenarios para representar a los Estados Unidos frente a organismos internacionales y países”, explicó Midence en un foro televisivo.
Midence añadió que “en el caso del TPS, el presidente tiene poderes plenarios para decir si puede continuar o no un TPS o lo puede finalizar de acuerdo a la revisión judicial constitucional y a la supremacía de la ley”.
El abogado también aclaró que no existen demandas contra el presidente de EE. UU. específicamente por haber terminado el TPS, ya que la Corte Suprema no tiene competencia para revocar decisiones ejecutivas en esta área.
“Lo que existe es la individualización en el tema migratorio. Pero directamente contra el presidente de Estados Unidos por la finalización del TPS no existe ninguna demanda, porque la Corte Suprema norteamericana no le permite a la Corte dictaminar lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo”, explicó.
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Cancelación del TPS
El pasado 7 de julio de 2025, el Gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente la terminación del TPS para Honduras. De este programa dependen más de 55,000 hondureños.
La medida entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal. Esto significa que los permisos de trabajo y el estatus legal vencerán a inicios de septiembre.
Durante este período, los beneficiarios aún podrán seguir trabajando, pero deberán explorar alternativas legales para permanecer en el país como solicitudes de asilo, ajuste de estatus por familia u otras vías disponibles bajo ley migratoria.
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