Tegucigalpa. A través un comunicado de prensa oficial , el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia CSJ, Rolando Argueta, rechazó las acusaciones de influenciar procesos judiciales vertidas por la jueza Marlene Suyapa Pérez Valle.
En el documento además asegura que la destitución de la funcionaria se hizo en base a ley.
El comunicado emitido por la CSJ, señala que “la Sala de lo Constitucional, en respeto de la interpretación armónica de la Constitución de la República, como efecto extensivo de la Declaratoria de Inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, de manera específica consideró que el nombramiento de los dos titulares de la Inspectoría General de Órganos Judiciales es abarcado plenamente por dicho efecto”.
Es así que “por lo que el decreto de su nombramiento debe ser expulsado del ordenamiento jurídico, por carecer de sustento legal para poder ejercer una función como servidor del Estado”, según sentencia publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de abril de 2016.
El escrito arguye que la declaratoria de inconstitucionalidad de la mencionada ley, dejó sin valor y efecto jurídico el nombramiento de la abogada Marlene Suyapa Pérez Valle como Inspectora General Adjunta de Órganos Judiciales, ya que dicho acto legislativo fue abarcado plenamente por el efecto extensivo del fallo, y desde ese mismo instante las cosas debían volver a su estado previo.
Por lo que lo realizado por la Presidencia del Poder Judicial, solo es en apego a esa sentencia de inconstitucionalidad, en el sentido de que la Pérez Valle ya no continúe ejerciendo su función de Inspectora General Adjunta y vuelva a su cargo original de Magistrada de la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, lo que está también contenido en la resolución administrativa por la cual se le otorgó licencia a dicha funcionaria.
Finalmente, el presidente Argueta manifiesta que no tiene ningún interés de influenciar procesos judiciales de ninguna naturaleza ni de ningún imputado en particular, reiterando que uno de los principios de su administración, es el de mantenerse respetuoso de la independencia judicial que constituye un pilar fundamental del accionar de las y los jueces a nivel nacional.
“Este Poder del Estado rechaza contundentemente las declaraciones de la Servidora Judicial en mención, ya que carecen de fundamento y reitera el llamado y la actitud de puertas abiertas a quien desee verificar las actuaciones de la Presidencia y de esta Corte Suprema de Justicia. En este sentido, la institucionalidad está permanentemente invitada a la verificación de cualquier actuación , por lo que entidades como Ministerio Público, Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Organizaciones de Sociedad Civil, misiones diplomáticas, entre otras, en el marco de sus competencias, son siempre bienvenidas a este poder del Estado para la observación, verificación, indagación y acompañamiento que sobre cualquier temática se desarrolle en este Poder Judicial”, cierra la nota oficial.
Esta mañana, la funcionaria judicial denunció que fue destituida del cargo de Inspectora General Adjunta de Órganos Judiciales por orden, al margen de la normativa vigente, del magistrado Rolando Argueta.
