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martes, julio 8, 2025

Buscaremos evitar expulsiones masivas: presidenta Castro se pronuncia sobre cancelación del TPS

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Redacción. La presidenta Xiomara Castro reaccionó este lunes a la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos hondureños, calificándola como parte de una estrategia política y un duro golpe para la comunidad migrante.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la mandataria envió un mensaje directo de respaldo a los hondureños afectados. “Les digo con firmeza: no están solos”, expresó. A su vez, aseguró que su administración ya tomó medidas para brindar apoyo consular y jurídico.

“He instruido a nuestra Cancillería a utilizar todos los recursos que permite la ley y a redoblar el apoyo consular y jurídico para proteger sus derechos”, escribió Castro.

Alrededor de 55 mil hondureños son los afectados.
Alrededor de 55 mil hondureños son los afectados por la cancelación del TPS.

Asimismo, afirmó que el Gobierno de Honduras mantiene una postura de apertura al diálogo con Estados Unidos para encontrar una solución humanitaria.

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Una salida humana

“El Gobierno de Honduras los abraza, donde quiera que se encuentren, y les asegura que mantendremos un diálogo abierto y franco con Estados Unidos, buscando una salida humana, con el fin de evitar una expulsión masiva”, añadió en su mensaje, haciendo un llamado al respeto de los tratados internacionales y la relación bilateral.

La presidenta también señaló que la cancelación del TPS “es resultado de una estrategia anunciada por Estados Unidos en el marco de su campaña política”, dejando entrever un trasfondo electoral en la medida.

Xiomara Castro sobre el TPS en X
La presidenta Xiomara Castro sobre el TPS en X

Estados Unidos anunció recientemente la cancelación del TPS para Honduras, un programa migratorio que desde 1999 ha permitido a miles de hondureños residir y trabajar legalmente en ese país, luego del paso del huracán Mitch.

Con esta decisión, más de 50 mil hondureños quedarán en condición de vulnerabilidad migratoria, salvo que logren un cambio de estatus u otra protección legal.

La medida ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, líderes migrantes y autoridades hondureñas, que temen una ola de deportaciones.

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