Tegucigalpa, Honduras. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha ordenado un informe donde se le debe explicar el porqué del desalojo de decenas de garífunas, ocurrido ayer en Punta Gorda, en la isla de Roatán, zona caribeña del país.
El hecho sucedió ayer en horas de la tarde, cuando un grupo de agentes de la Policía Nacional y militares, llegaron al lugar y comenzaron a desalojar a todas las personas que estaban en ese lugar.
Ese acción provocó la molestia de los garífunas, muchos de ellos se opusieron, lo que desencadenó que se detuvieran a 6 personas.
Según las autoridades, los garífunas habitaban una propiedad privada, por lo que era necesario que desalojaran.
Presidenta pide explicaciones
A través de sus redes sociales, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que a ella en ningún momento se le informó nada sobre ese desalojo y solicitó que se le entregara un informe con todos los detalles de ese asunto.
De igual forma, la mandataria solicitó que todas las personas a las cuales se detuvo en el desalojo, sean dejadas en libertad.
He solicitado informe del violento desalojo ordenado judicialmente. No fui informada previo a ejecutar el desalojo. Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio no a desalojo que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a DDHH
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) November 8, 2022
Varias organizaciones en el país condenaron el desalojo de los garífunas, asegurando que fue algo que no tuvo que haber ocurrido.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) indicó en su cuenta de Twitter que los agentes que participaron en el desalojo “demostraron además de su racismo, la inclinación por la violencia”.
Agregó que “con la detención de los 6 garífunas, el Estado pretende solventar la inexistencia de título comunitario, Punta Gorda es la única comunidad garífuna
en Honduras que carece de título”.
Lea además: Frente al MP, garífunas exigen respeto a sus derechos ancestrales
Condenan el violento desalojo
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (Oacnudh), condenó las agresiones que tuvieron los agentes con la población garífuna.
“Hago un llamado urgente a las autoridades policiales y judiciales a poner en libertad a las personas detenidas y garantizar los derechos humanos de las comunidades garífunas”, manifestó la representante de la Oacnudh, Isabel Albaladejo.
Por último, la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos (SEDH), catalogó como un «desalojo forzado” lo ocurrido en Punta Gorda.
«Manifestamos nuestra preocupación por el desalojo forzoso de la comunidad garífuna de Punta Gorda, establecida hace 225 años en ese mismo territorio, antes que Honduras fuera Estado independiente”, citó el ente en un comunicado.
