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jueves, noviembre 21, 2024

Presentan requerimiento fiscal contra contrabandista de cigarros

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Redacción. Autoridades fiscales presentaron ayer viernes el requerimiento fiscal contra un contrabandista de cigarrillos en el Distrito Central.

Se trata de Marlon Ulises Cruz Reyes, quien fue detenido por agentes policiales con 170 cajas de cigarros de la marca Modern.

Requerimiento fiscal contra supuesto contrabandista de cigarros
Policía Militar revisa cajas decomisadas al sospechoso. Foto: PMOP.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), las investigaciones revelan que el pasado 15 de mayo miembros de la Policía Militar de Orden Público (MP) se encontraban haciendo un patrullaje en el barrio Villa Adela, en Comayagüela, cuando Cruz Reyes al ver la presencia de los uniformados salió huyendo.

Acto seguido los oficiales comenzaron a darle persecución hasta alcanzarlo. Una vez detenido procedieron a ejecutar una revisión, encontrándole en su mano 70 mil 250 lempiras. Asimismo, al revisar su vehículo turismo, encontraron 170 cajas de cigarros; al preguntarle sobre la factura de los mismos, manifestó no tenerla.

Además, procedieron a decomisarle el efectivo, 1 vehículo y un total de 88,000 cajas de cigarrillos Modern, que equivalen a 1,760,000 unidades de cigarrillos prohibidos.

Requerimiento fiscal contra supuesto contrabandista de cigarros
Al detenido se le acusa por el delito de contrabando.

En audiencia de declaración de imputado, a Marlon se le decretó medidas sustitutivas, amparándose en el artículo 173 del Código Procesal Penal, numerales 5, 6 y 7.

La ley establece someter al imputado al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, presentación periódica ante un juez y prohibición de salir del país.

Nota relacionada: Contabilizan el decomiso de unos L200 millones en mercancía de contrabando

Penas por contrabando

Según el Código Penal, las penas por el delito de contrabando pueden ir en ascenso dependiendo de los montos que se presenten y el perjuicio que puede ocasionar al Estado

En tal sentido, estas pueden corresponder desde 3 a 6 años, de 3 a 9 años o de 3 a 10 años. La consecuencia jurídica depende de los montos calculados por la dirección técnica correspondiente.

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