Redacción. La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentó este viernes requerimiento fiscal contra Luis Fernando Triminio Molina, perito y fiscal auxiliar del Ministerio Público (MP), por abandonar sus funciones públicas sin presentar ninguna justificación tras ser acusado del delito de violación.
Es importante mencionar que en marzo de 2024, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer presentó requerimiento fiscal contra Triminio Molina, asignado al Centro Integrado (CEIN) de La Ceiba, Atlántida, por el presunto delito de violación agravada en perjuicio de una joven que fue detenida con supuesta droga.
De acuerdo con los hechos de la FEES-SJ, a raíz del proceso penal que el MP le imputa desde el 21 de marzo por el presunto delito de violación agravada, la última vez que el fiscal auxiliar se presentó a laborar al CEIN fue el 18 de marzo de 2024, sin ningún registro de los meses siguientes a la fecha. Por lo tanto, se le materializó el delito de abandono de funciones públicas de su cargo por un lapso de tiempo no permitido y sin mediar justificación alguna.
En seguimiento a ese caso, la FEES-SJ también presentó requerimiento fiscal contra la perito forense Paula Cristina Durán Martínez y Mario Leonel Molina Santos, por los delitos a título de autor de intimidación a testigos y otros intervinientes en el proceso penal. Además del delito de cohecho a sujetos procesales en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
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Fiscal acusado de violación
Investigaciones indican que la perito forense Durán Martínez es pareja sentimental del imputado Triminio Molina. Ella estaba encargada de realizar el dictamen toxicológico a la droga incautada a la detenida (supuesta víctima de violación).
Se destaca que Durán Martínez a sabiendas que su pareja es sospechoso de agredir sexualmente a la joven en las instalaciones del CEIN, no se recusó para realizar el dictamen. Incluso utilizó los resultados para intimidar y ofrecer dinero a la víctima del delito de violación agravada a cambio de retirar la denuncia.
El segundo imputado, Molina Santos, es primo del fiscal auxiliar. Éste utilizó los resultados de las pruebas toxicológicas y se presentó a la casa de la víctima de violación para intimidarla con su presencia. Además, ofreció incentivos económicos con el objetivo que la ofendida retirara la denuncia o cambie la versión. Es decir, que la afectada dijera que lo sucedido fue una relación sexual voluntaria.
El MP reiteró su compromiso con el pueblo hondureño de perseguir y sancionar a quienes hayan cometido delitos y utilizado la institución para beneficios propios. «Este compromiso se enmarca dentro de las acciones continuas para combatir la corrupción y la impunidad en el país», agregó.
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