Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público (MP) ha presentado un requerimiento fiscal contra exfuncionarios del gobierno del período 2018-2022, por un fraude que causó un perjuicio superior a los 63 millones de lempiras (L 63,839,377.80), en la compra de ventiladores mecánicos para pacientes de covid-19 que nunca se utilizaron.
Entre los acusados se encuentran:
- Lisandro Rosales, excanciller de la República
- Gabriel Alfredo Rubí Paredes, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)
- Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York
- Varios exfuncionarios de COPECO: Cristian Elías Santelí Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina.
A todos ellos se les imputa la comisión de delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Según reportes, ya se realizaron dos detenciones en el caso. Los aprehendidos son: Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina. «Ya se encuentran en poder de la ATIC y van a ser presentados en los juzgados competentes», dijo el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora. Además, expresó que ya se han girado las órdenes de captura de los otros acusados, y los que están fuera de Honduras los capturarán a través de la Interpol.
Grave fraude
En el comunicado, el Ministerio Público destacó que, en plena crisis sanitaria, los acusados habrían manipulado el proceso de adquisición de los ventiladores, aprovechándose de la emergencia para beneficiar sus intereses. Según las investigaciones, se realizaron transferencias bancarias sin la documentación adecuada. Además, se omitió el proceso formal de recepción mediante actas de entrega, lo que debió hacerse de manera rápida, rigurosa y transparente. Sin embargo, la realidad fue otra, y los ventiladores defectuosos siguen almacenados en hospitales, inútiles para los pacientes que tanto los necesitaron.
El comunicado del MP resalta que, mientras la población hondureña sufría los estragos de la pandemia y miles de personas morían en los pasillos de los hospitales, los implicados llenaban sus cuentas bancarias con fondos públicos, sin importar el dolor y la desesperación de las familias que clamaban por ayuda.
«Esta adquisición se convirtió en una cruel burla a la desesperación de todo un país, ya que la negligencia y la codicia de quienes debían servir al pueblo provocaron un perjuicio a la salud del pueblo», concluye el escrito.