Tegucigalpa, Honduras. El fiscal general de la República, Johel Zelaya, se presentó a los juzgados para interponer un requerimiento fiscal contra Ebal Díaz y otras 14 personas, acusados de fraude al Estado por más de 294 millones de lempiras.
Zelaya estuvo acompañado por Luis Javier Santos, titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).
La investigación, denominada «Fideicomiso (Línea 1)» por el Ministerio Público (MP), se centra en la ejecución del proyecto habitacional «Residencial Morazán» o «casas contenedores», destinado originalmente al beneficio social.
Proyecto fallido
Residencial Morazán, ubicada al sur de la capital, fue un ambicioso proyecto habitacional del gobierno de Juan Orlando Hernández (2017-2021), y que estuvo a cargo de Ebal Díaz, quien en ese entonces fungía como titular de la Secretaría de la Presidencia.
El plan era beneficiar a más de 10 mil familias hondureñas afectadas por las tormentas Eta e Iota entre octubre y noviembre de 2020. Sin embargo, ninguna de las familias damnificadas ha sido beneficiada y solo unos pocos contenedores fueron acondicionados y utilizados.
Los recursos para la edificación del proyecto fueron asignados a la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), ente dependiente de la Secretaría de la Presidencia, a cargo de Díaz, para la administración de los fideicomisos y poner en ejecución dicho proyecto con un costo de 1,200 millones de lempiras.
Díaz puso en marcha la construcción, la cual aseguró estaría lista para febrero de ese mismo año (2020), mes en el que comenzaron un sinfín de problemas que dejaron en evidencia la mala planificación e improvisación de la construcción.
Problemas
Las fallas en los cimientos donde UCP ubicó los contendores ponía en riesgo la vida de las primeras familias reubicadas, por lo que se prometió estaría finalizado en mayo (2020), pero hasta la fecha no se ha culminado.
A finales del 2020 principios del 2021, UCP adquirió 274 contendores a un costo de unos 24.5 millones de lempiras, más los gastos de instalación, diseño y demás trabajos para un total aproximado de 150 millones de lempiras.
Debido al alto costo de la edificación, que un principio sería temporal, se pretendió convertirlo en una solución habitacional permanente. Respecto al tema, UCP, a cargo de Díaz, se excusó argumentando que subastarían los contenedores que no estaban en uso para recuperar parte del dinero que se gastó.
El desorden financiero en la ejecución de las viviendas provocó que de mil casas contenedoras que se pretendían instalar, apenas se adecuaron 102, de las cuales se habitaron en menos de un 25%.
Condiciones deplorables
Además, investigaciones de medios locales revelaron que los contenedores, nunca fueron aptos para vivienda. Presentaban quebraduras en sus paredes de tabla yeso, filtraciones de agua, hongos, entre otros problemas como el calor extremo y proliferación de plagas.
A su vez, el proyecto enfrenta problemas por los derechos de propiedad por el hecho de que se ubica a pocos metros de otro proyecto habitacional, cuyos habitantes alegan invasión por parte del gobierno de aquel entonces.
Responsable abandonó el país
A inicios del 2022 el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación respecto al fraude montado por Díaz. Sin embargo, para esa fecha el Díaz anunció mediante su cuenta de X (Twitter) su salida a México por vacaciones.
Lo concreto es que Ebal Díaz nunca volvió de sus “vacaciones” y actualmente radica en Nicaragua, donde el gobierno del vecino país le otorgó la ciudadanía.
Otros acusados
Entre los demás acusados se encuentran:
- Ebal Díaz Lupian, exsecretario de Estado en el Despacho de la Presidencia y miembro del consejo de administración del Instituto de la Propiedad (IP).
- Zonia Margarita Morales, excomisionada presidenta de Coalianza.
- Lizeth Guadalupe Villatoro, delegada de un banco
- Mario León Gómez y Rolando Federico Poujol, funcionarios de la Secretaría de Presidencia.
- Juan Ramón Cruz Carbajal, Edmundo del Carmen Cuadra, José Fernando Cálix Bonilla, Myrna Isabel Mejía Flores. Dino Francisco Rieti, Francis Yamileth Rodríguez, Lis María Moncada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Oscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michele Montoya Zepeda, todos relacionados con la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos.
Entre los delitos por los que se les acusan destacan:
- Asociación para delinquir
- Fraude
- Violación a los deberes de los funcionarios
- Administración fraudulenta
El documento presentado ayer por el MP acusa a Ebal Díaz de dirigir una estructura criminal para orquestar un megafraude en el desarrollo del proyecto habitacional.
Espera justicia
Al salir de los juzgados, el fiscal Johel Zelaya declaró: «Hemos venido con el circuito anticorrupción del Ministerio Público a presentar un requerimiento fiscal contra varias personas, y uno es el señor Ebal Díaz. Estoy seguro de que es necesario hacer justicia en este pueblo que necesita justicia».
Señaló que el MP ya hizo su trabajo en presentar el requerimiento fiscal, pero que ahora le toca al Poder Judicial en realizar su labor.
“No queremos jueces timoratos y que busquen caminos alternos para liberar delincuentes, traemos suficientes pruebas en este caso”, aseveró.
Aseguró tener confianza en que el Circuito Anticorrupción del Poder Judicial logrará una condena contundente que servirá de ejemplo a futuros funcionarios.
Finalmente, el togado explicó que han presentado 40 medios de prueba y han emitido alerta migratoria contra los implicados en los delitos.
Diversos sectores, aseguran que la falta de un fiscal general transparente, en la administración de JOH, dio pie para que nunca se capturara a Ebal Díaz, puesto que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestro la documentación del caso en 2022.
En enero del 2023, aun sin Zelaya a cargo del Ministerio Público, se anunció el requerimiento fiscal contra Díaz. Sin embargo, no se ejecutó.
En ese mismo año, el Instituto de la Propiedad (IP) comenzó a recibir de la UCP el fallido proyecto de Residencial Morazán localizado en Lomas del Diamante, lugar donde hasta la fecha solo quedan las ruinas de lo que se convirtió en un monumento más de corrupción, promesas incumplidas y familias engañadas, caso del que aún no se captura al principal responsable.
