Redacción. Las representantes María Elvira Salazar y Verónica Escobar reintroducieron en el Congreso de Estados Unidos el proyecto de ‘Ley Dignidad’, una iniciativa de reforma migratoria ambiciosa que busca una solución integral a la actual crisis del sistema de inmigración.
La propuesta, formalmente conocida como ‘Dignity for Immigrants while Guarding our Nation to Ignite and Deliver the American Dream Act of 2025’, es una versión «mejorada» de un intento anterior fallido en 2023. La iniciativa bipartidista resurge en un momento clave, en medio de las políticas de deportaciones masivas que viene ejecutando la Casa Blanca.
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Regularización
El corazón de la ‘Ley Dignidad’ establece un sistema dual para la regularización de inmigrantes indocumentados. El primer componente, el Programa Dignidad, está diseñado para aquellos con al menos cinco años de residencia en el país.
Los aspirantes deberán pasar verificaciones de antecedentes, no tener historial criminal y pagar 7,000 dólares en un periodo de siete años. A cambio, obtendrán autorización de trabajo y protección contra la deportación, aunque sin acceso a beneficios federales.
Quienes completen exitosamente esta primera fase podrían avanzar al Programa Redención, una etapa adicional de cinco años que exige la aprobación de exámenes de inglés y civismo, además de la realización de servicio comunitario o el pago de otros 5,000 dólares.
Al finalizar ese segundo paso, la norma ofrecería un anhelado camino hacia la ciudadanía estadounidense.
Seguridad fronteriza
En el ámbito de la seguridad fronteriza, la propuesta destina 35 mil millones de dólares para mejorar la infraestructura y la tecnología en los puertos de entrada.
Se incluyen medidas para reformar el sistema de asilo, buscando que los casos se resuelvan en un plazo de 60 días, así como la eliminación de las políticas de ‘catch and release’ y la creación de cinco campus humanitarios en la frontera sur. También se contempla el establecimiento de centros de procesamiento en América Latina.
La legislación ofrece protecciones específicas para los ‘Dreamers’, quienes podrían obtener una residencia condicional permanente por hasta diez años. Asimismo, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), con al menos tres años en el país, tendrían acceso a la residencia legal permanente, una disposición especialmente relevante tras el reciente anuncio del fin de este amparo para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Venezuela.
