Guatemala. El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG,) emitieron un extenso comunicado de prensa en el cual brindan detalles acerca de la petición de antejuicio contra el Ministro de Economía, un candidato presidencial y seis diputados, por casos de corrupción en Guatemala.
El caso es presentado como una subordinación ilegal del Organismo Legislativo al Organismo Ejecutivo. A cargo en ese entonces del Partido Patriota.
De acuerdo con la información proporcionada al final de la tarde de este lunes, los diputados habrían recibido sobornos a cambio de aprobar leyes que favorecían a particulares.
En especial, se mencionó que los congresistas recibieron un pago de Q50 mil cada dos meses por dar su voto a la llamada “Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos”.
Esta normativa, conocida popularmente como «Ley Tigo» habría favorecido a esta empresa. Por ello desembolsó una millonaria suma para obtener el respaldo de 108 legisladores, de acuerdo con la denuncia.
Lista
Se plantearon solicitudes de antejuicio contra las siguientes personas:
- Acisclo Valladares Urruela, Ministro de Economía. Acusado de asociación ilícita, cohecho activo.
- Estuardo Ernesto Galdámez Juárez,diputado y candidato presidencial. Señalado de asociación Ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
- Juan José Porras Castillo, Mirna Magnolia Figueroa Resen de Coro, Marco Antonio Orozco Arriola y Boris Roberto España Cácere, todos diputados. Inculpados de asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.
- Haroldo Eric Quej Chen y Gustavo Adolfo Medrano Osorio, ambos diputados. Culpados de asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo.
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Modus Operandi
“Se estableció que dentro del Estado de Guatemala operaba una estructura de funcionarios que alteraban el orden democrático y el sistema republicano. Al supeditar las funciones legislativas a directivas del Poder Ejecutivo a cambio de una promesa de pago o una dádiva”, indicó el comunicado del MP y CICIG.
“De esta manera los diputados de la bancada Patriota recibían y cumplían con las instrucciones emitidas por la entonces vicepresidenta, Ingrid Roxana Baldetti Elías. En reuniones sostenidas horas antes de las sesiones plenarias acerca de las decisiones que debían ejercer como legisladores. Respondiendo así a intereses individuales, partidistas y hasta empresariales”, añadieron las instituciones.
“La promesa de dádiva correspondía a pagos bimensuales de Q50 mil por diputado. Dinero que era entregado en efectivo y en maletas remitidas a personal de confianza de la entonces vicepresidenta Baldetti. De manos de los altos directivos de la empresa de telecomunicaciones, TIGO, Acisclo Valladares Urruela y Luis Fernando Valladares Guillén. En la oficina principal de dicha entidad”, explicaron en el comunicado.
