Redacción. La presidenta del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, presentó este jueves ante el Ministerio Público (MP) una ampliación del requerimiento fiscal contra tres oficiales retirados del Ejército acusados de crímenes cometidos durante las manifestaciones del golpe de Estado de 2009.
Los oficiales vinculados son el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez; el exsubjefe, Venancio Cervantes; y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto.
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Crímenes de lesa humanidad
Durante su declaración, Oliva destacó que existen suficientes instrumentos legales para sostener que los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del golpe de Estado deben ser perseguidos.
“En el marco del golpe militar se configuraron más de 167 asesinatos. COFADEH no tiene la capacidad a nivel nacional de documentarlos todos, pero hemos trabajado con los casos que logramos documentar y probar la participación de agentes del Estado de Honduras,” puntualizó.
La denuncia presentada busca ampliar el alcance del caso en dos aspectos fundamentales: incluir más víctimas y perseguir a otros responsables. Oliva subrayó que los asesinatos registrados durante el golpe de Estado fueron de dos tipos: selectivos y aquellos ocurridos en el contexto de manifestaciones masivas.
En este sentido, señaló que el Ministerio Público debe dar seguimiento a estos crímenes, incluyendo hechos donde las víctimas fueron atacadas con la intención de causarles la muerte.
Caso de Isy Obed Murillo
Entre los casos documentados por COFADEH destaca el de Isy Obed Murillo Mencías, un joven de 19 años que falleció el 5 de julio de 2009 durante una manifestación frente al Aeropuerto Internacional Toncontín en Tegucigalpa. Murillo recibió un disparo en la cabeza mientras protestaba contra el golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya. Este crimen se ha convertido en un emblema de la resistencia popular.
La reciente captura de los tres oficiales vinculados al homicidio de Isy Obed ha reavivado la exigencia de justicia. Oliva enfatizó que la ampliación del requerimiento fiscal incluye este y otros casos que ocurrieron en circunstancias similares. “Pedimos dos ampliaciones: la ampliación a perpetradores y la ampliación de víctimas, para que ningún hecho quede impune,” agregó.
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