Redacción. La auténtica de documentos en Honduras recibirá un significativo aumento de 60 lempiras, por lo que a partir de marzo su precio será de 560 lempiras, así lo informó la aboga privada, Angie Colindres.
A través de HRN, la litigante confirmó el incremento para la elaboración de auténticas, las cuales anteriormente tenían el precio de 500 lempiras.
«Realmente este es un impacto económico directamente al consumidor, directamente a nuestros clientes, pero también a nosotros como profesionales del derecho», manifestó Colindres.
La profesional explicó que anteriormente gastaban un total de 525 lempiras, junto con el papel anaranjado y el timbre de cinco (5) lempiras. Sin embargo, ahora con el «trancazo» se habla de casi 600 lempiras que estarán pagando por cada certificado de autenticidad.
«A esto le contamos además que tenemos a veces notarios que nos cobran adicionalmente al pago del certificado de autenticidad. Por lo tanto, nos está perjudicando de manera directa a los profesionales del derecho», añadió.
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Aumento significativo
La profesional del derecho consideró que la decisión del aumento se debe quizás a «algo progresivo», pues señala que 60 lempiras es una cifra «bastante grande».
«Sabemos que desde otro punto de vista pueden decir que solo son 60 lempiras, y que no llegamos ni a 100. Sin embargo, considero que la economía nacional del país no está capacitada ni apta para tener este aumento tan significativo. Me parece que tuvo que haber sido de una manera más progresiva para que los ciudadanos y nosotros como profesionales nos pudieran adaptar a esta nueva tarifa«, dijo.
La abogada reconoció que cada día la economía se mueve y los precios se elevan, pero al final este impacto económico va a repercutir al consumidor final, quien al final es un posible cliente. «Al final nuestro cliente es quien va a tener que recibir si se queda trabajando con nosotros a pesar del precio. Esto va a ocasionar, me imagino yo, una disminución de trabajo», añadió.
Finalmente, exhortó al Colegio de Abogados de Honduras tomar decisiones más proporcionales a los intereses económicos de cada ciudadano y del gremio.
