Tegucigalpa, Honduras. El juez determinó que la audiencia contra el exdiputado del Partido Nacional, Miguel Ángel Gámez, y demás excongresistas acusados de fraude, continuará el próximo 12 de enero.
De acuerdo con el Poder Judicial, los abogados defensores solicitaron reprogramar la audiencia con la finalidad de estudiar los medios de prueba presentados en el requerimiento fiscal por el Ministerio Público.
Los acusados por el delito de fraude son Miguel Ángel Gámez, Fredy Espinoza Mondragón y Gladys Bernarda Casco Cruz; caso relacionado a la sustracción de más de 42 millones de lempiras de las arcas del Congreso Nacional, mediante el conocido Fondo Departamental.
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También figuran los excongresistas Sara Medina Galo, Carlos Roberto Guevara y el representante de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH), José Sánchez, a quienes se les dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva el 16 de diciembre de 2023.
En ese sentido, el Ministerio Público (MP), mediante la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), afirmó que la audiencia se reanudará hasta el próximo 12 de enero.
Acusación
El MP acusa a los imputados de fraude, quienes realizaban las gestiones por diputados por medio del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales a través de ONG.
No obstante, una vez hechos los desembolsos, los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados. Además de otros diputados y a particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados.
Asimismo, se efectuaron gestiones de subsidios otorgados de forma irregular a varios exparlamentarios también mediante el uso del Fondo Departamental. Siempre bajo la justificación de la ejecución de proyectos u obras de desarrollo social. Mismos que debieron ser presentados con el perfil de los planes a desarrollarse, lo que no ocurrió.
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El origen y giro de los fondos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta de banco de la AJOPADIH. Las mismas se acreditaron en un periodo de seis meses.
Detectaron que uno de los imputados que como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas que eran parte de la ONG. Y se autoacreditó 28 millones de lempiras y a su vez hizo depósitos a 26 cuentas particulares. Entre ellos la de los exdiputados acusados, mientras tanto el dinero restante lo trasladó a terceros sin ninguna justificación.
